Los 54 juzgados de Primera Instancia especializados en cláusulas suelo abrieron ayer sus puertas en España ante las críticas del sector por la falta de medios y las dudas sobre su efectividad. Los operadores jurídicos y sindicatos alertan del riesgo de colapso de estos juzgados que asumen en exclusiva los litigios por hipotecas. Sólo en Canarias los tres órganos que se encargarán de resolver estas demandas se estrenan con la previsión de tener sobre la mesa alrededor de 2.500 casos en el primer mes.
Ayer se puso en marcha el plan urgente ideado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al aumento de pleitos ligados a las cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo, resolución que obliga a la banca a devolver a los clientes todo lo cobrado de más por ese concepto sin límite de retroactividad.
Ante el aluvión de demandas previsto, el CGPJ aprobó el 25 de mayo la especialización en materia de cláusulas suelo de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la Península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear. En la mayoría de los casos, jueces recién salidos de la escuela de formación se encargarán de asuntos relativos a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
En el caso de Canarias, llevará a cabo esta tarea una jueza en prácticas adscrita al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria. Yanira González será la única jueza que a partir de ahora resolverá todas las demandas sobre este asunto en la isla. En Tenerife, Elisa Soto concentrará esta labor en el Juzgado número uno de La Laguna. En ambos casos dispondrán de un auxilio judicial y un tramitador. Mientras que en Lanzarote no habrá un juez en exclusiva, sino que la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife, Raquel Rivero Mentado, se ocupará de estas demandas, por lo que se le exime en parte del reparto y se le libera de otros asuntos para compensar.
Protestas
En el resto de islas la situación seguirá como hasta ahora y las demandas caerán según toque por reparto. Además, en general, las causas pendientes seguirán su trámite hasta ser resueltas.
La medida impulsada por el Poder Judicial ha generado críticas por parte de jueces decanos, secretarios judiciales, asociaciones de jueces y de consumidores. Es más, el Consejo General de la Abogacía Española acordó ayer interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para tumbar la decisión del CGPJ.
El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, destacó que el acuerdo, adoptado en un pleno extraordinario en Granada, fue aprobado por unanimidad, al considerar que dejar en manos de un solo juzgado las reclamaciones por cláusulas suelo "retrasará la resolución de los litigios y provoca un perjuicio para los derechos de los ciudadanos". "No se han previsto partidas para dotar estos juzgados de suficientes medios personales y materiales", protestó.
En la misma línea, los seis sindicatos con representación en la mesa sectorial de Justicia de Canarias alertaron ayer del colapso que se va a producir en los tres juzgados especiales de las Islas y culpan de ello a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno regional.
Intersindical Canaria, Co.Bas, UGT, Csi.f, Staj y Comisiones Obreras reprochan al Ejecutivo que haya nombrado "de forma unilateral unos refuerzos irrisorios para los juzgados afectados", que se van a ver "sobrecargados". De hecho, apuntan que el mecanismo extrajudicial ha quedado limitado y las entidades financieras han aceptado sólo alrededor del 5% de los casos. Ello significa que en Tenerife se esperan más de 2.000 demandas este mes, "una avalancha" que los sindicatos sostienen que el Gobierno de Canarias "va a convertir en colapso porque con esos refuerzos es imposible hacerle frente". En Gran Canaria calculan unas 450 demandas en junio.
La cifra es más elevada en la isla tinerfeña porque CaixaBank, donde están los clientes de la antigua CajaCanarias, "pone trabas para no devolver el dinero o dilatar el proceso", táctica que usan también otros bancos, indicaron fuentes sindicales. No todas las entidades financieras plantean la misma litigiosidad.
El magistrado Óscar González, decano del partido judicial de la capital grancanaria, no duda de la capacitación de la jueza asignada. Admite que el personal es "insuficiente", aunque tiene "el compromiso" de la Dirección General de que a medida que aumenten los procedimientos se incrementará la plantilla.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, discrepa de los sindicatos y defendió que estos juzgados especializados servirán para agilizar los procedimientos.
