El juzgado que investiga el caso Baku, el polémico Parque de Ocio de Corralejo, continúa rastreando datos y documentos para averiguar el paradero de los fondos que la empresa adjudicataria debía ingresar en las arcas del Ayuntamiento de La Oliva en concepto de impuestos municipales, y que podría ascender a un millón de euros.
El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, Juan Gallego Ortiz, ha ordenado nuevas diligencias instructoras para determinar las causas de la exoneración a la entidad Joca Ingeniería y Construcciones, SA y poder comprobar si fue la tasa por la licencia municipal o el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como la repercusión que tuvo este impago en las arcas municipales, donde todos los datos apuntan que el Consistorio majorero dejó de ingresar la citada cantidad.
El origen del llamado caso Baku se remonta a 2002 cuando el Ayuntamiento de La Oliva, siendo entonces alcalde Domingo González Arroyo, aprobó el pliego administrativo del concurso; y el 4 de abril de 2003 el pleno por unanimidad acuerda adjudicar el concurso para la redacción del proyecto, construcción y explotación del citado parque de ocio. Por este motivo hay imputados 13 concejales, muchos de ellos retirados de la política -uno incluso ya fallecido-, y varios técnicos.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2003, la Junta de Gobierno, con Claudina Morales al frente de la corporación, acordó la aprobación definitiva del proyecto y el inicio de las obras. Este acuerdo también fue adoptado por unanimidad de sus miembros y por ello, el juez ha imputado a la propia regidora municipal, a la exalcaldesa Rosa Fernández y a los concejales Felipe Figueroa, Miguel Ángel Vera y Guillermo Morera. Esta es la segunda tanda de políticos que han sido citados a comparecer ante el juez. Serán los próximos días 14 y 15 de febrero.
El fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Blanco, determina ahora la declaración de Oliva Estévez, que no declaró en su día por ser diputada regional y estaba por lo tanto aforada. Tras no disponer actualmente de esta condición, ha decidido su comparecencia en calidad de imputada.
Otro dato que figura en el expediente de las diligencias previas abiertas por el juez Gallego figura que en mayo de 2005 el Ayuntamiento aprobó, a petición de la empresa adjudicataria, una modificación del proyecto de ejecución cuyo objetivo no era otro que dar cabida a más negocios dentro de las instalaciones del mencionado parque de ocio.
Suelo
La denuncia interpuesta por Alternativa Democrática de Fuerteventura (ADF) también pone en entredicho el nulo interés recaudatorio del Ayuntamiento de La Oliva, dado que la concesión del suelo a la empresa adjudicataria para la construcción del Parque de Ocio, estaba estipulada en 50 años y debía abonar al Consistorio 3.000 euros mensuales por el uso de la parcela.
Los denunciantes aseguran que esta cantidad, junto a los impuestos y tasas, dejó de ingresarse desde hace bastante tiempo y cuya cifra, no cuantificada, se dejó de ingresar en las arcas municipales.
