Hay indicios suficientes de delitos para procesar a la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, por la falsificación de facturas durante su etapa al frente del Patronato de Turismo del Cabildo majorero (2007-2010), que incluyeron estancias gratuitas de altos cargos nacionales del PP como el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado, Tomás Burgos Beteta, con nombres falsos. Así lo entiende la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la transformación de la causa en procedimiento abreviado, la fase intermedia de la instrucción penal previa a la apertura de juicio oral, si así lo decretara la juez instructora, Carla Bellini, según informó ayer CanariasAhora. La Sala aún no ha resuelto la petición de incoar procedimiento abreviado por parte del fiscal Luis Del Río. Pero para el Ministerio Público, sí hay motivos para continuar con la causa y acusar a la líder del PP y diputada autonómica, imputada por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público junto al entonces gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, y un administrativo al que desde el PP se le quiso señalar como responsable de las facturas falsas "por error" de los dirigentes nacionales hospedados en la isla, en actos del partido cargados al organismo del Cabildo durante el gobierno CC-PP.
