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Betancuria Sanción por no derribar su casa en un parque rural

La juez confirma el ingreso en prisión de Josefa tres días después de estar presa

La magistrada y la Fiscalía se oponen al indulto de la 'abuela de Fuerteventura'

La juez confirma el ingreso en prisión de Josefa tres días después de estar presa

Josefa Hernández Goez, conocida popularmente como 'la abuela de Fuerteventura' , recibió ayer el auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario donde le notificaban que le denegaban la suspensión cautelar de entrada en prisión. La decisión judicial fue comunicada tres días después de encontrarse presa. Josefa ingreso el pasado lunes en la cárcel de Tahíche.

El abogado defensor, José de León, presentó el pasado viernes un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la decisión de la juez María Isabel Quintero Verdugo de enviar a la cárcel a Josefa. Asimismo, solicitó a la citada magistrada la suspensión cautelar de la ejecución de la pena de seis meses de prisión hasta que se resolviera el recurso la Audiencia Provincial. Sin embargo, la juez no accedió a esta petición. Si bien la notificación tiene fecha del pasado día 21, no fue entregada hasta ayer.

Josefa Hernández fue condenada a seis meses de cárcel acusada de un delito contra la ordenación del territorio por construir dos habitaciones en su vivienda ubicada en el barrio de Campo Viejo, en el municipio de Betancuria. La parcela donde edificó se encuentra dentro de los límites del Parque Rural de Betancuria. El objetivo de la abuela Fefa no era otro sino dotar de condiciones de habitabilidad los dormitorios para acoger a tres nietos y dos hijos que viven con ella. A pesar de una sentencia judicial firme que ordenaba la demolición de su casa, la vecina de Betancuria no la cumplió señalando que "es el único techo que tengo para acoger a mis nietos".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el pasado martes, que el Consejo de Ministro que se celebrará mañana aprobará el Real Decreto por el que se le concede el indulto de la abuela Josefa. La noticia fue acogida con la lógica alegría no solo en el seno de la familia de Josefa sino en la sociedad canaria en general que ha jugado un papel fundamental con las movilizaciones por todo el Archipiélago.

Sin embargo, ayer se conoció que la petición de indulto de esta vecina majorera se presentó hace cinco meses. El abogado defensor, Domingo García, tramitó la petición ante el Ministerio de Justicia que recibió la documentación el pasado recibió el pasado 31 de marzo y el 19 de mayo se solicitaron los informes preceptivos al Tribunal sentenciador y a la Fiscalía, que se opusieron.

El Gobierno concederá previsiblemente el indulto a Josefa Hernández mañana viernes, cinco meses después de que lo pidiera su defensa, lo que se enmarca en el plazo normal de tramitación de este tipo de medidas.

Según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, este plazo es el habitual, unos cuatro meses de tramitación de los indultos desde que llega la petición al ministerio hasta que lo estudia el Consejo de Ministros y no se ha dado ningún tipo de trato preferente a este caso frente a otros.

Los indultos los trata uno de los cuatro Consejos de Ministros que se celebran cada mes y la última reunión del Ejecutivo tuvo lugar el 10 de julio, "por lo que no dio tiempo a que se tramitara el de Josefa y se llevará al primero que se celebra en agosto, es decir, el del próximo viernes, según ha explicado Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer en La Rioja que Josefa Hernández saldrá de la cárcel la próxima semana.

Catalá, en una comparecencia con periodistas, afirmó que la notificación del ingreso en prisión a la anciana, que tiene nietos a cargo, "ha sido el detonante para la concesión del indulto, que llevaba meses tramitándose. Además, añadió, que "el impacto social que ha generado este asunto y la sensibilidad social que conlleva también han sido hechos determinantes para la concesión de dicha gracia".

Nueva vivienda

El Gobierno de Canarias ofrecerá una casa en la ciudad Puerto del Rosario de manera temporal a la familia de Josefa Hernández, hasta que se busque una solución que se intentará que sea en su localidad, Betancuria. Así lo anunció ayer en la capital majorera la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, tras mantener una reunión con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales y el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña.

Mena presentó a las autoridades majoreras una propuesta inmediata para la familia de Josefa Hernández, que no era otra sino ofrecer una casa de la empresa pública Visocan que cuenta con tres dormitorios y donde pueden residir Josefa, sus tres nietos y sus dos hijos. Además, aclaró, que, la cesión de la citada vivienda "no conllevará que se vean perjudicadas las personas que están en la lista de demandantes de vivienda social".

Mena explicó, según Efe, que se trata de una "solución lo más ágil posible que garantizará que, en ningún caso, la familia de Josefa Hernández quede en situación de desamparo. Este ha sido el compromiso de las instituciones canarias desde el primer minuto".

Si finalmente los hijos de Josefa aceptan la propuesta, la mudanza sería cuestión de días, porque "es solo conectar el agua y la luz", aclarado la viceconsejera.

El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, considera que el futuro de la familia de Josefa está en Campo Viejo."Hay que trabajar deprisa en el proyecto de demolición y que este debe contemplar reforzar el resto de la vivienda, no afectada por la sentencia". También, apuntó, que " hay que esperar a los informes de los técnicos para conocer la situación de la casa".

Por otro lado, el PSOE en el Parlamento de Canarias va a promover una iniciativa para instar a un cambio legislativo que impida que se repitan casos como el de Josefa Hernández, quien ha entrado en prisión con una pena menor pese a que está en trámite su indulto.

Gustavo Matos, explicó que actualmente el ingreso o no en prisión de una persona que está pendiente de un indulto depende de cada juez, lo cual crea inseguridad jurídica y agravios comparativos.

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