Domingo González Arroyo, el veterano alcalde de La Oliva, deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, Marta Grande Lorenzo, ha decretado la apertura de juicio oral por un delito de prevaricación. También deberán concurrir a la vista cinco exconcejales que aprobaron enajenar un suelo donado para los vecinos de Corralejo. La juez requiere a Arroyo y sus entonces ediles para que en un plazo de 24 horas depositen 1.502.530,26 euros de fianza solidarias, además de otros 67.500 euros al alcalde majorero.
A Domingo González Arroyo, alcalde de La Oliva, se le acumulan los procesos judiciales. A la condena de nueve años de inhabilitación para el cargo de regidor municipal o cualquier otro electo que implique la participación en un Ayuntamiento por un delito continuado de prevaricación en relación con la cantera de Lomo del Pájaro, se le une ahora la apertura de juicio oral por el caso Clavellinas, que después de más de doce años de haber sido admitida la querella criminal, ha estado deambulando por los Juzgados .
Junto a Arroyo, se sentarán en el banquillo los entonces concejales del Partido Popular (PP), José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, Cristóbal Calero Cabrera, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Andrés Pérez Rodríguez. Todos se encuentran alejados de la política activa, a excepción de Marcelino Umpíerrez que ostenta el acta de concejal en La Oliva bajo las siglas de Nueva Canarias (NC).
Los cinco exediles acusados deberán depositar cada uno como fianza para garantizar sus responsabilidades en este caso judicial la cantidad de 250.421,70 euros, mientras que la cifra que deberá responder González Arroyo asciende a 317.921,70 euros.
El llamado caso Las Clavellinas tiene su origen cuando el ciudadano belga Guy Van Daele donó al Ayuntamiento de La Oliva en 1981 un total de 270.000 metros cuadrados destinados a cubrir las necesidades de solares a los vecinos de Corralejo para que se construyeran sus casas, quedando el sobrante a favor del Consistorio, como bienes propios. Sin embargo, el Ayuntamiento, siendo alcalde González Arroyo, decide en sesión plenaria, con los votos favorables de los entonces concejales del PP, enajenar 125.000 metros cuadrados del suelo donado que fueron adquiridos por La Caixa por 1.502.530,26 euros, unos 250 millones de las antiguas pesetas. La fianza impuesta por la juez es la misma cantidad por la que fue vendida la parcela que correspondían a los vecinos.
Tras llevarse a cabo la operación de la citada parcela, la Asociación de Vecinos Las Clavellinas, de Corralejo, interpuso una querella criminal contra González Arroyo, los cinco concejales que aprobaron la enajenación, así como al secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Rodríguez; el registrador d e la Propiedad, José Muñoz Roncero y el director regional de La Caixa, Andrés Orozco. Estos tres últimos quedaron absueltos al archivarse la causa contra ellos.
Mientras que el fiscal y la entidad Difusión Comercial e Inmobiliaria S.A, que actúa como acusación particular, han calificado los hechos en sus escritos de conclusiones como constitutivos de un delito de prevaricación, la Asociación de Vecinos Las Clavellinas añade los de malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Enredo judicial
El caso Las Clavellinas ha estado durante más de doce años enredado en la telaraña judicial. El asunto se ha dilatado en el tiempo por los múltiples recursos de reforma y apelación presentados por las partes. Uno de ellos, de apelación presentado por el exsecretario del Ayuntamiento de La Oliva contra la admisión de la querella, permaneció dos años en la Audiencia Provincial para resolverse.
Otro de los motivos del retraso tiene que ver con los continuos traslados de los jueces del Juzgado que investiga este asunto judicial. "En el plazo de diez años han pasado al menos cinco jueces por el Juzgado número 2 de Puerto del Rosario", señalaron los denunciantes del caso. También se ha sumado la condición de aforado en aquellas fechas de González Arroyo por serdiputado del Parlamento de Canarias, donde estaba encuadrado dentro del Grupo del PP, hasta que fue expulsado del partido y creó una nueva formación política: Partido Progresista Majorero (PPM), bajo cuyas siglas ostenta la alcaldía de La Oliva y es consejero del Cabildo de Fuerteventura.
Este periódico intentó, ayer en varias ocasiones y de forma infructuosa contactar con el alcalde de La Oliva, González Arroyo,, tras hacerse pública el auto de la jueza Grande Lorenzo.
