El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario ha iniciado una investigación sobre los bienes patrimoniales del exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y otros cinco concejales que formaban parte del Grupo de Gobierno en 1999 por no haber depositado la fianza de 1.502.530,26 euros que le había impuesto respecto al llamado caso Las Clavellinas. Todos ellos se encuentran imputados por un delito de prevaricación. Ante el incumplimiento en el depósito del dinero requerido se enfrentan al embargo de sus bienes. El fiscal ha solicitado para cada uno de ellos, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Sin embargo, la parte acusadora no solo eleva la pena a años de cárcel y de inhabilitación.
Los hechos se remontan a 1981 cuando el ciudadano Guy Vandaele dona al Ayuntamiento de La Oliva 27.000 metros cuadrados destinados a cubrir las necesidades de solares de los vecinos de Corralejo, quedando el sobrante a favor del Consistorio, como bienes propios. El pleno de la Corporación aceptó la donación, que se elevó a escritura pública en enero de 1982.
Sin embargo, el suelo donado nunca fue entregado a los vecinos. Además, el pleno municipal aprueba con los votos de los entonces concejales del PP, enajenar 125.000 metros cuadrados del suelo donado a la Caixa por valor de 1.502.530,26 euros, para liquidar una deuda municipal contraída con la entidad bancaria.
Querella
La Asociación de Vecinos 'Las Clavellinas' presentó una querella contra el entonces alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo y los concejales Cristóbal Calero, Tomás Pérez, José Juan Aguiar, Alejandro Hernández y Marcelino Umpiérrez. Este último continua como edil de la Corporación aunque militando en Nueva Canarias (NC). Todos ellos se encuentran imputados por un delito de prevaricación.Sin embargo, fueron archivada la causa por prevaricación contra Miguel Ángel Rodríguez, entonces secretario del Ayuntamiento de La Oliva y actualmente del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Antigua, así como a Andrés Orozco, delegado de La Caixa en Canarias. La juez fijó una fianza de 1.502.530,26 euros el pasado mes de noviembre para que la hicieran efectiva en 24 horas. Cada uno de los concejales deben abonar un total de 250.421,71 euros, mientras que la cuantía de González asciende a 317.421,71 euros.
El Juzgado ya ha iniciado la recopilación de información sobre las propiedades de los imputados ante la Agencia Tributaria, Registro de la Propiedad, Seguridad Social, Registro Mercantil y entidades bancarias. En caso de que no aporten la fianza o un aval de bienes se procederá al embargo de sus propiedades.
La Fiscalía considera en su escrito de acusación que tanto Arroyo como los concejales "votaron a favor de la aprobación del expediente de enajenación de 12.5 hectáreas de las 27 donadas, a sabiendas de su clamorosa ilegalidad, puesto que no se había destinado porción alguna de la finca a los vecinos. Además, el citado expediente carecía de los informas técnicos y jurídicos". Este caso se ha extendido más de doce años en los Juzgados por las maniobras dilatorias, por los reiterados cambios de jueces, los recursos interpuestos por los letrados de los acusados e incluso por la condición de aforado de Arroyo en aquel tiempo.
