El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha dejado sin efecto el acuerdo del Comité Ejecutivo insular del PP de Fuerteventura por el que se daba de baja a numerosos afiliados. Durante su reunión de ayer, el citado órgano de los conservadores ha estudiado los recursos presentados contra el acuerdo del Comité majorero de 31 de enero de 2017. Esta resolución del PP insular daba de baja a un numeroso grupo de afiliados del PP insular. A partir de ahora, los afectados recuperan su condición de afiliados del Partido Popular.

Sin embargo, las diferencias entre el sector crítico (los expulsados) y Águeda Montelongo pone al partido al partido en Fuerteventura al borde de crear una gestora por parte de los críticos.

En cualquier caso, el comité ejecutivo insular del partido conservador en Fuerteventura acordó por unanimidad iniciar los trámites de expulsión de un centenar de militantes por ser cargos públicos en otras formaciones políticas y haber sido interventores o apoderados por un partido distintos al PP en unos comicios electorales.

La reacción del sector crítico a Águeda Montelongo rechazó de plano las expulsiones y reclamó al presidente regional Asier Antona la creación de una Comisión Gestora en la isla. Además, demandaron la dimisión de Montelongo como presidenta, así como la del secretario insular, Carlos Figueroa.

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, abordó ayer con la dirección nacional del partido la crisis abierta en Fuerteventura por la expulsión de más de cien militantes en esa isla, y anunció que "se tomarán medidas de forma rápida y contundente" para encauzar la situación antes de que en pocas semanas en inicie el proceso congresual para la renovación de su cúpula directiva. Antona explicó en breves contactos con algunos de los máximos dirigentes nacionales, en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional al que pertenece, la brecha abierta en el PP majorero entre la actual presidenta del partido, Águeda Montelongo, y un amplio sector crítico que le ha pedido que dimita por sus "formas, decisiones y maneras de dirigir el partido" y por ese proceso disciplinario abierto a varas decenas de militantes que les impediría participar en el inminente cónclave insular.El presidente regional del partido eludió concretar qué tipo de medidas adoptará la dirección, aunque parece claro que tiene vía libre por parte del equipo de la calle Génova para ello, y eludió concretar si entre esas medidas contempla la posibilidad de solicitar a los órganos competentes la creación de una gestora que lleve al partido hasta el congreso insular. "Hemos comunicado a la dirección nacional la situación del partido en Fuerteventura y mostrado nuestra preocupación, y a partir de ahí, en los próximos días, el PP de Canarias, tomará algunas decisiones al respecto".

Abrir puertas

Antona insistió en el mensaje de la nueva dirección regional del partido de que "no estamos de acuerdo con que se abran las puertas del partido para que la gente se vaya, sino que tenemos voluntad y espíritu de que las puertas se tienen que abrir para que la gente entre y para que cada vez haya mayor número de personas que vengan al PP, porque eso es lo que fortalece y hace grande a un proyecto político".

El máximo dirigente regional aseguró que "muchas de esas personas expulsadas participaron en el congreso autonómico y quien facilitó el censo para ello fue la dirección insular", denunciando el hecho de que "afiliados que tenían plenos derechos hace un mes para el proceso regional en un censo que fue validado en Fuerteventura, como en todas las islas, han perdido sus derechos para el proceso congresual de la Isla".