Los miembros del Consejo de Administración de la empresa municipal Suministros de Agua de La Oliva, que vienen siendo investigados por un presunto delito de malversación de caudales públicos, delito societario o, subsidiariamente de falsedad, comparecieron ayer ante el juez en calidad de investigados en relación con la contabilidad de la empresa. Declararon ante la autoridad judicial que la contabilidad era gestionada por un asesor externo y que no tienen conocimientos de contabilidad para detectar irregularidades contables.
La exalcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, actual directora general de Igualdad del Gobierno de Canarias, y los concejales Rafael Avendaño (PPM) y Marcelino Umpiérrez (NC), presidente y secretario de la empresa municipal de aguas, respectivamente, así como Guacimara González (PPM), Genero Saavedra (CC) y la técnico y vicesecretaria Dara Estrada, se personaron ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, Jorge Bodes Fernández, para declarar en relación a las cuentas anuales de Suministros de Agua de La Oliva aprobadas por la Junta General y que no coinciden con la presentada en el Registro Mercantil. Ante ello, el actual alcalde Pedro Amador presentó una denuncia ante la Fiscalía.
El fiscal Tomás Fernández de Paiz, tras el estudio y análisis de la documentación presentada en la denuncia, detecta irregularidades en la contabilidad. Dichas cuentas fueron certificadas, firmadas y presentadas ante el Registro Mercantil por el presidente y secretario del Consejo de Administración, Rafael Avendaño y Marcelino Umpiérrez, respectivamente, así como por el resto de los miembros del citado órgano. El fiscal considera que de acreditarse estos hechos en sede judicial, podrían ser constitutivo, al menor de un delito de malversación de caudales públicos.
La exalcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, señaló a su salida del edificio judicial que "he explicado al juez que se aprobaron unas cuentas en la Junta General y que nadie pensó que existía un error formal o que existen modificaciones que no se incorporan, que son las que se presentaron en el Registro Mercantil".
Además, señala, que "el Consejo de Administración contrata a dos auditores para que digan donde están los errores. Hay un defecto de forma porque tendría que haberse convocado el órgano otra vez para aprobar de forma definitiva esa cuentas. Ha sido solo un defecto de forma". También, añadió, que "no ha habido mala fe y si desconocimiento, porque ninguno somos contables y teníamos plena confianza en que todas las cosas se estaban haciendo bien".
Por su parte, el concejal y presidente de la empresa municipal, Rafael Avendaño, señaló que "estoy muy tranquilo porque no hemos hecho nada malo".
El alcalde Pedro Amador también declaró como testigo.
