La compra de la nave de El Cuchillete por parte del Cabildo de Fuerteventura es legal. Así lo estima el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, Jorge Bodes Fernández, que ha archivado la denuncia del grupo Podemos que acusaba a los miembros de la Mesa de Contratación de haber cometido un delito de prevaricación con la adquisición del citado inmueble. El juez considera, tras su investigación a través de la apertura de diligencias previas, que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito, por lo que procede a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Podemos denunció ante la Fiscalía de Las Palmas la compra de la mencionada nave industrial por parte del Cabildo majorero por más de un millón de euros al considerar que la operación no se ajustaba a derecho al haber sido adoptado el acuerdo de la adquisición a pesar de existir tres informes negativos.
La representante del Ministerio Fiscal abrió diligencias de investigación penal por un presunto delito de prevaricación, contra el exconsejero insular de Economía y Hacienda, Manuel Miranda, actual director general de la Agencia Canaria de Investigación, innovación y Sociedad de la Información, y contra los miembros de la Mesa de Contratación: Antonio Mesa (CC), Edilia Pérez (CC), Rita Díaz (PSOE), Eugenio Cabrera (PP) y Manuel Travieso (AMF), quienes aprobaron por unanimidad en junio de 2012 adquirir a la empresa Comercial Vehículos Maxorata S. L. el inmueble. La interventora accidental, Dolores Miranda, y el secretario de la Corporación insular, Miguel Ángel Rodríguez, votaron en contra.
El juez no observa indicios de delito alguno y considera que la circunstancia de que se cambiaran las condiciones del pliego de condiciones para la compra de la nave "no parece que fuera para favorecer a un ofertante, ya que el eliminar el gravamen de la finca lo era para el momento inicial de la adjudicación, ya que la condición se mantenía y tendría que dar al otorgarse la escritura. Lo que se conseguía de esta manera era dar más facilidades a las empresas ofertantes", recoge el auto.
El juez Bodes, abunda además en su exposición que no queda acreditado que a través de la providencia dictada por el entonces consejero de Hacienda "que modificó las condiciones, se hubiera realizado para adecuar el procedimiento a la empresa Comercial Vehículos Maxorata", ni que se contravino lo dispuesto en las condiciones de contratación.
