"Es una denuncia política. No ha habido malversación del caudales públicos. Todo lo invertido está bastante justificado". Así se expresó ayer el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y secretario general del PSOE majorero, Blas Acosta, tras comparecer en calidad de investigado ante la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, María Luisa Casado López, en relación a un presunto delito de societario en la gestión de la empresa Gesturpa, dedicada a la construcción de viviendas, locales, venta de suelo y alquiler de inmuebles.

Una denuncia de Margarita Martín, actual presidenta insular de Votemos, en noviembre de 2014, llevaron a Fiscalía a denunciar a Acosta en los Juzgados al detectar una serie de irregularidades en la contabilidad de la citada sociedad mercantil de capital íntegramente publico. La fiscal María Isabel Sobrino, determinó a la vista del informe de auditoria de 2012 y 2013 elaborado por Miguel Ángel Ramírez, que se observa que las cuentas anuales "no son una imagen fiel de la situación de la empresa".

Para la representante del ministerio Fiscal, llama la atención, entre otras cuestiones, una transferencia donde no aparece la documentación y una factura de un millón de euros por el proyecto del alumbrado público de la urbanización Cañada del Río, en el municipio de Pájara.

Blas Acosta, señaló tras su comparecencia judicial que "lo que se ha hecho con el dinero público es gastarlo en inversión y obra pública. En muchísimas. En el alumbrado en el ámbito de Cañada del Río, se ha gastado lo que ellos manifiestan o creen entender que es malversación de caudales públicos". Además, añade, que "es una publicidad gratuita de una organización política y fundamentada por quien obra en la denuncia, Margarita Martín".

El vicepresidente insular, indicó, que "hemos intentado explicar la contabilidad publica de las más de 600 viviendas y toda la obra publica que se ha realizado en Pájara. He venido y explicado todo lo que me ha preguntado su señoría y creo que ha quedado perfectamente claro".

En opinión de Acosta "nunca sido administrador único de Gesturpa. En la primera etapa fue con Guillermo Concepción y la segunda con Antonio Jiménez con administración mancomunada. En los últimos años, cuando la empresa no tenía actividad fui administrador entre los años 2011 y 2015".

El secretario general de los socialistas majoreros, añadió, que la juez le preguntó por los apuntes contables de una etapa donde no fui administrador único. Por lo tanto, esta claro que es una denuncia falsa en el sentido político". También, agregó, que esta perfectamente claro, porque no se han citado a otras partes ni siquiera el resto de personas. Esta en fase de instrucción y espero que acabe cuanto antes y se resuelva esta patraña de denuncia política".