El caso Taprada, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación y el traspaso de licencias en Telde, dio ayer un inesperado giro después de que trascendiese un escrito del fiscal en el que se comunica a la titular del Juzgado número 6, María de los Ángeles Zabala, que "no consta" el hecho de que el ex jefe del negociado de Tráfico del Ayuntamiento José Prados hubiese exigido y cobrado sobornos por el traspaso de diez licencias.

El informe, elaborado por Antonio Amor el 26 de mayo, apunta a que el principal imputado en la causa -detenido en su despacho municipal en febrero de 2007 y puesto en libertad tras pagar una fianza de 150.000 euros, la más alta de las impuestas en los supuestos casos de corrupción- no llegó a falsificar ningún tipo de documento, como tampoco llegó a solicitar la cantidad de 6.000 euros a la mujer que, con su denuncia, dio origen a las investigaciones desarrolladas por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil.

Estas pesquisas supusieron, entre otras cosas, la ejecución de dos registros en el Ayuntamiento, en las cooperativas de Telde y en el domicilio del funcionario, la incautación de un ordenador en el consistorio y de una decena de expedientes originales de licencias -que aún no han sido devueltos-, el precinto de otros tantos taxis y las imputaciones de otras dos personas: la esposa de Prados, Miren Elixabete Beobide, por blanqueo de capitales, y el ex presidente de la cooperativa de taxis de Ingenio, Calixto Espino, quien primero reconoció la existencia de pagos ilegales y luego se retractó aduciendo que había sido presionado por la Benemérita.

Amor, quien también agrega que no consta que la mujer de Prados participase en actividad ilícita alguna, propone la celebración de un juicio para el que pide la presencia de tres testigos: dos de ellos son profesionales del sector que acusaron a Prados de cobrar comisiones; el tercero, el ex concejal del área Carmelo Reyes (Ciuca).