El denominado caso del talio, por el que se investiga si el enfermero Iván Ramírez acabó con la vida de su esposa, la también enfermera Laura González, envenenándola progresivamente con talio, experimentó ayer un nuevo giro inesperado. La jueza instructora del caso, Virginia Peña, acordó este viernes celebrar nuevas pruebas periciales para intentar arrojar algo de luz a la extraña muerte de esta joven granadina que vivía con su esposo en el barrio teldense de La Pardilla y que expiró tras varias recaídas sufridas en centros hospitalarios grancanarios sin que nadie a ciencia cierta averiguara cuál era el mal que la estaba consumiendo hasta que se acusó a su marido.
La Policía Nacional lo detuvo en julio de 2010 imputado por un presunto delito de homicidio después de que en un primer informe se señalase que la causa del óbito había sido una intoxicación progresiva por talio, si bien en ulteriores analíticas esta hipótesis fue cambiando por la teoría de que Laura pereció por un fallo multiorgánico provocado por una poliintoxicación conjunta de barbitúricos, tranquilizantes y benzodiacepinas, a los que se habría añadido una sobredosis de insulina.
El avance experimentado en los últimos meses en la instrucción del caso no ha hecho más que complicar el panorama. La defensa de Iván, con el letrado José Álvarez al frente, ha presentado hasta una veintena de informes y contraanálisis en los que se descarta la intoxicación por talio. También ha querido constatar que la medicación encontrada en el cuerpo de Laura ya le había sido pautada por facultativos a pesar de que esta podría ser incompatible con los problemas de glucemia que sufría.
Ayer mismo, en una vista preparada para llevar a cabo la concreción de imputaciones sobre el enfermero gaditano y decidir si se procedía o no a la apertura de juicio oral, el abogado acudió hasta Telde acompañado por los catedráticos forenses Carlos Pérez-Aguas y Luis Frontela Carreras [ver entrevista con este último en la contraportada]. En el informe suscrito por ambos, ratificado en sede judicial, se defiende la idea de que Laura murió por una patología extraña -un trastorno hereditario de la betaoxidación- y que Iván no tuvo absolutamente nada que ver con ello.
Álvarez se mostró satisfecho con la decisión de la jueza de practicar nuevas periciales consistentes en la toma de muestras genéticas tanto a los restos mortales de Laura como a los de sus familiares más cercanos para resolver dudas. Así, recordó que ya había solicitado esta misma pericial y diligencias complementarias "hace diez meses" y recalcó que "la propia fiscal ha dicho que la muerte por talio, por medicamenteos o insulina es inexistente. No entiendo por qué sigue en prisión mi cliente", se lamentó.
El letrado volvió a solicitar el sobreseimiento de la causa, pero la jueza no tomará una decisión hasta que lleguen las nuevas pruebas. La sede del Instituto Nacional de Toxicología en Santa Cruz de Tenerife será la encargada de realizarlas.
Dos años y tres meses de espera
Z El imputado
"Sufre un importante deterioro"
Iván Ramírez volvió a ser trasladado ayer desde Salto del Negro al juzgado de Telde con motivo de la vista preliminar que se había convocado. "Mi cliente sufre un importante deterioro sin su familia y su hijo", resumió tras recordar que recientemente se prorrogó el auto de prisión preventiva dictado hace ya dos años y casi tres meses. La Fiscalía, hasta ahora, pide para él 25 años de cárcel.
Los forenses no pudieron hablar
Ni Luis Frontela ni Carlos Pérez-Aguas pudieron explicar con detalle a la magistrada por qué habían llegado a la conclusión de que la enfermera había fallecido de muerte natural. "Sólo han podido ratificarse y no se les ha escuchado. Es una pena", alegó el abogado de Iván. La acusación particular, ejercida por la familia de Laura y por el Instituto Canario de Igualdad, optaron amablemente por no hacer declaraciones a la prensa.
