La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha reservado la semana del 8 de abril para juzgar a Jaime Cortezo por la venta de los chalés de Hoya Pozuelo, un juicio en el que la fiscal pedirá la absolución del empresario al no apreciar un delito de estafa ni de falsedad documental.

Debido a un despiste procesal en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital grancanaria, la causa ha sido remitida a la Audiencia sin que se le diera traslado a la fiscal para elaborar su escrito de conclusiones provisionales. Sin embargo, el Ministerio Público ya reclamó el sobreseimiento en abril de 2011, por lo que sus conclusiones se basarán en ese dictamen de archivo, según han confirmado fuentes judiciales.

La acusación pública se apoya en las declaraciones de cinco testigos, entre ellos el exconsejero del Gobierno de Canarias Julio Bonis, para concluir que Cortezo no cometió un "engaño bastante", es decir, que su conducta no fue suficiente para provocar en los afectados el error de comprar las viviendas. Se trata de trece afectados que adquirieron sendos chalés en primera línea de La Garita, los cuales están afectados por una orden de demolición porque invaden el deslinde marítimo-terrestre, esto es, los 100 metros de servidumbre establecidos para proteger la costa. Sin embargo, los testigos a los que alude la fiscal sostienen, en líneas generales, que la empresa promotora "informó a los compradores de esos problemas" y que "casi todas las casas se vendieron antes de conocerlos".

No lo ve así el abogado que representa a 13 de los perjudicados, Juan Sánchez Limiñana, que sí acusa a Jaime Cortezo y Elena del Castillo, ambos administradores solidarios de la empresa Hoya Pozuelo SL. El letrado reclama para cada uno 10 años de cárcel por un delito de estafa continuada; cuatro años y medio por falsedad, y otros tres años de prisión por un delito de alzamiento de bienes. Además, el letrado solicita una indemnización que supera los cuatro millones para reparar el daño causado a los querellantes, al tiempo que acusa como responsables civiles subsidiarios al Ayuntamiento de Telde y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Gobierno de Canarias).

Limiñana también ha recurrido un auto judicial que en abril declaró insolvente a Cortezo. El abogado explica en su informe que el imputado no sólo ha intervenido y gestionado "múltiples promociones inmobiliarias", sino que es titular de una empresa de comunicación que posee 32 licencias de radio, para cuya concesión por parte del Gobierno de Canarias "ha tenido que garantizar y avalar más de dos millones de euros".

Por eso reclama que se "embarguen las garantías patrimoniales ofrecidas" en la adjudicación, así como cualquier "fruto en la gestión" de esas licencias y sus participaciones. Todo para tratar de asegurar el pago de la posible indemnización si recae una sentencia condenatoria, pues la acusación particular sostiene que la promotora "se apresuró a formalizar en escritura pública la venta" de los chalés, según el escrito de conclusiones provisionales, "en un claro intento de interponer a terceros de buena fe en sus actuaciones ilegales".

El letrado añade que el empresario "ocultó a los adquirentes el vicio gravísimo que afectaba a los inmuebles transmitidos", así como " el peligro que esa operación arrastraba", ya que tanto el Ayuntamiento teldense como la Agencia del Gobierno canario tenían abiertos sendos expedientes por infracción urbanística grave que podían acabar en una orden de demolición, tal y como ha ocurrido con la urbanización, que sigue bajo la amenaza de la piqueta.

El letrado señala que fue un socio de Cortezo, José Luis Arencibia, ya fallecido, quien denunció en septiembre de 1999 que las casas invadían la servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas. Luego, 15 días después, se firma la primera escritura de venta. El resto de operaciones se realiza en cascada, "mientras" la promotora "tiene conocimiento no sólo de la infracción cometida, sino de la denuncia formulada en su contra y de los expedientes incoados", agregan los afectados.

El expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural fue notificado en mayo de 2000, y en agosto recae la orden de demolición, la cual es confirmada en 2003 y 2004 por el TSJC.