La política de expropiaciones llevada a cabo en los últimos 30 años por Telde ha dejado un reguero de damnificados. Decenas de familias han sufrido el desarrollo de planes generales que les ha privado de hacer uso de sus propiedades, un hecho al que se añade el agravante de que muy pocos de los afectados han cobrado a día de hoy compensación alguna por esta ocupación de propiedades. En el grupo de los que aún aguardan está la familia de Juan Granados, a quien en 1985 se le expropió un solar de 2.900 metros en San Borondón, junto a La Garita, para una plaza que 28 años después ni existe.

Juan, su mujer y uno de sus hijos ya han muerto. Nadie ha visto un duro: ni en pesetas (cuando en los 80 el patriarca propuso un escrito para cobrar 22 millones de las antiguas pesetas que no cuajó) ni en euros, pese a que una sentencia firme dictada hace dos años ha fijado en casi 2 millones de euros -esto es, 15 veces el importe de la cifra inicial- el dinero que deberían recibir sus herederos. Para colmo, el Ayuntamiento les ha seguido cobrando el IBI: en 2011, 2.216 euros.

Ellos y otros afectados estuvieron ayer presentes en el pleno en el que el gobierno actual (PP, Ciuca y CC) aprobó comunicar a los jueces la delicada situación económica que atraviesa el consistorio, y que le impide atender a la vez su deuda con bancos (125 millones) y con expropiados (62 millones más sin estar del todo calculada).

"A lo mejor están esperando a que nos muramos todos", se lamentaba ayer Juan Granados junior, que tiene 71 años y mucho escepticismo a la hora de pensar si algún día verá un euro. Él sitúa el inicio del problema en los primeros mandatos del exalcalde Francisco Santiago, pero también es consciente de que otros han pasado por la Alcaldía, incluso los actuales, a los que les ha llegado la sentencia firme, y "nadie ha resuelto esto". Cobra 800 euros de pensión y, como el resto de la familia, antigua dueña de donde hoy está Alcampo, solo pide lo que le pertenece. La indignación de todos es indescriptible.