El presidente de la Asociación de Empresarios de Bungalós y Apartamentos Turísticos (Aebat), Luis Bravo de Laguna, aseguró ayer que la nueva ley turística del Gobierno de Canarias "no tiene capacidad" para prohibir que los pequeños propietarios residan en las zonas turísticas, pero "sí" para erradicar el alquiler ilegal que a día de hoy se desarrolla en cerca de 200 complejos de apartamentos en el Sur. Ante la "pasividad" y falta de control por parte del Gobierno de Canarias sobre esta actividad irregular, la patronal extrahotelera opta por contratar detectives privados y presentar sus denuncias directamente en los juzgados.
Los miles de afectados por el nuevo planeamiento urbanístico de San Bartolomé de Tirajana, que califica de uso turístico la mayoría de los inmuebles de la costa sureña, pueden -según vaticina la patronal extrahotelera- dormir tranquilos, ya que "no es a ellos a quién persigue la nueva ley turística del Gobierno de Canarias".
Luis Bravo de Laguna, que dirige una entidad en la que se aglutinan empresarios de 85 complejos turísticos en el Sur, considera que "aunque la nueva ley en este sentido puede parecer ambigua" no prohibe explícitamente que los propietarios residan en bungalós. De ser así el planeamiento se debería apoyarse en una "ley específica en la que se contemplara dicha restricción de forma clara y precisa", apunta el empresario, y no es el caso.
Según el representante de la Aebat, el "verdadero problema" que pretende solucionar la ley del gobierno autonómico es el alquiler ilegal turístico, en el que están inmersos cerca de 200 complejos de apartamentos ubicados entre Mogán y Tarajalillo. "La ley no castigará a los residentes, sino a los infractores que captan clientes para explotar sus bungalows a través de Internet y no cuentan para ello con la debida autorización del Patronato de Turismo del Cabildo", desvela Bravo.
Esta actividad clandestina ha aumentado en los últimos años en la zona sur de la Isla debido, entre otras cosas, a que el Gobierno de Canarias "no ha puesto en marcha" suficientes recursos para controlar el "intrusismo" en el sector extahotelero.
Si la semana pasada el presidente de la Asociación de Empresarios Alojativos, Tom Smulders, denunciaba que el número de inspectores públicos que operan en la zona turística con el fin de atajar este conflicto no pasa de cinco agentes; ayer Bravo de Laguna anunció que a partir del próximo mes su entidad va a contratar detectives privados que persigan dicha irregularidad.
"Lo que no es normal es que una sola persona sea capaz de llegar a explotar 10 ó 15 apartamentos sin estar registrada en Turismo y que, además, se desconozca si cumple con sus obligaciones tributarias", señala Bravo, quien presentó el año pasado un total de 60 denuncias en el Gobierno de Canarias por esta cuestión.
Sin embargo, la lentitud de la vía administrativa y la "pasividad" que ha demostrado la institución regional en los últimos años ha acabado con la paciencia de los afectados.
En esta "primera fase" de la estrategia que ha puesto en marcha la patronal con sus propios fondos, los detectives rastrearán aquellos complejos que muestren indicios de actividad ilegal. Tras la elaboración del informe correspondiente, la Aebat decidirá entonces, según el caso concreto, denunciar la infracción "vía penal, civil o mercantil". Según se requiera, pero "desde luego que será un método mucho más efectivo y rápido" que el que ha establecido el Gobierno de Canarias hasta ahora, defiende Bravo, quien además adelanta que a partir de 2017 la nueva ley sancionará a las infraestructuras turísticas que no cumplan con los estándares de calidad establecidos por el gobierno. Las multas que la Administración impone a los infractores por intrusismo en materia de alojamiento turístico sobrepasan los 30.000 euros.
