La unión hace la fuerza. Tras varios meses de asambleas y asesoramiento jurídico, nace la plataforma de propietarios afectados por la restricción al uso residencial que impone la Ley de Modernización Turística del Gobierno de Canarias en los complejos de apartamentos ubicados en la costa del Sur de Gran Canaria, cuya aplicación se refleja ahora en el nuevo plan de ordenación urbanística de San Bartolomé de Tirajana. El colectivo, que agrupa a representantes de 130 establecimientos, cifra en más de 40.000 los perjudicados por la normativa. La asociación estima en 300 millones de euros las indemnizaciones que la Administración debe pagar a los afectados por vulnerar sus derechos sobre el uso de la propiedad privada.
Se han tomado su tiempo, pero es que cuando se trata de aunar bajo una misma voz la reivindicación de miles de propietarios de inmuebles diseminados a lo largo de 18 kilómetros de costa; la prudencia y el consenso priman frente a la inmediatez de la polémica.
Los propietarios de apartamentos a los que les afecta la Ley Turística de ámbito regional, que limita el uso residencial en parcelas calificadas con fines de alojamiento turístico, se han puesto en pie esta semana para mostrar su rechazo a la normativa.
La iniciativa del Ejecutivo canario, materializada ahora a través del nuevo plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana, somete a los titulares de los apartamentos a la obligación de ceder la gestión de sus propiedades a la entidad que desarrolla la explotación turística en el establecimiento. De manera que esta iniciativa legislativa condena el uso de dichos inmuebles como vivienda habitual , alquiler legal de larga temporada y no garantiza, al menos aún de forma explícita y precisa, que los propietarios puedan disfrutar de sus apartamentos como residencia de fin de semana.
Ante la inseguridad jurídica que arroja la normativa sobre las parcelas ubicadas en el litoral de San Bartolomé de Tirajana, primer municipio turístico de Canarias, los afectados han creado una plataforma para decir "No al plan general de ordenación urbanística" de esta localidad.
La asociación tiene como objetivo principal la "defensa del uso libre de la propiedad privada" frente al carácter "intervencionista" de las instituciones que determinan la ordenación del territorio en el ámbito turístico.
Constituida el pasado sábado 12 de septiembre tras más de cinco horas de asamblea en los apartamentos Aloe de Playa del Inglés, la entidad agrupa bajo la denominación de Plataforma de afectados por la Ley Turística (Palt) a un total de 130 complejos localizados en las 13 urbanizaciones que integran la costa de Tirajana. Los Molinos y Las Olas, en Playa del Inglés, Casas Canarias en Bahía Feliz, Las Lomas de San Agustín, Los Salmones en El Veril o El Palmeral de Campo Internacional son algunos de los establecimientos representados en esta asociación.
La junta directiva de la plataforma está compuesta por 17 representantes de complejos de apartamentos, que al estar emplazados en diferentes zonas del litoral, se encargan por tanto de trasladar al colectivo las necesidades de su núcleo, respectivamente. Según la asociación, este método de organización interna permite la creación de comités de trabajo elegidos mediante "procedimientos estrictamente democráticos", y agiliza a su vez la puesta en común de los intereses de cada urbanización. Al frente de esta organización horizontal se encuentra Blas Padrón, propietario de un apartamento en el complejo Jardín del Atlántico de Playa del Inglés.
Según señaló ayer la asociación en un comunicado de prensa, las restricciones del nuevo plan de San Bartolomé de Tirajana afectan a más de 40.000 propietarios. Hasta la fecha el alcance del conflicto se había cuantificado en cerca de 17.000 afectados, ya que esta cifra supone la suma de las personas empadronadas en los diferentes núcleos de la costa del municipio. No obstante, esta estimación, según la plataforma, no incluía a los propietarios que utilizan sus inmuebles como segunda residencia o en régimen de alquiler por largas temporadas.
Con el fin de comprobar el impacto cuantitativo que puede alcanzar la nueva normativa sobre la población afectada que adelanta la plataforma, este periódico intentó ayer sin éxito en repetidas ocasiones ponerse en contacto telefónico con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
Asimismo, los afectados calculan, que de prosperar la aprobación de este nuevo instrumento de ordenación urbanística, la Administración deberá pagar aproximadamente 300 millones de euros a los propietarios en concepto de "resarcimiento". Este importe, que corresponde a la compensación económica de los afectados por daños y perjuicios, por contra, no está motivado "por la pérdida de la titularidad de las viviendas, sino por la limitación de los derechos en el uso de la propiedad", según explicó ayer el presidente de la asociación. El gabinete que asesora a la asociación ha obtenido este coste estimativo al "multiplicar un tanto por ciento del valor de las viviendas afectadas por la normativa sobre una población de menos de 40.000 propietarios", pues cifrar con estricta exactitud el número de afectados no resulta tarea fácil "al haber una importante cantidad de propietarios extranjeros que solo pasan los meses de invierno en el Sur", según señaló Padrón.
En este sentido, se ha de recordar que desde los primeros días que comenzó la fase de exposición pública del plan, el gobierno de San Bartolomé de Tirajana aseguró que la Administración no contempla indemnizaciones a los afectados por la nueva normativa porque no se trata de una medida de "expropiación".
Al margen de las diferentes asambleas y jornadas de reflexión que han organizado estas últimas semanas los grupos de oposición en el municipio, tanto San Bartolomé También Puede como el PSOE, NC y Unidos; la plataforma quiere dejar claro que sus reivindicaciones tienen carácter "social y jurídico" y que "sobrepasan cualquier ámbito político o partidista". Se trata pues, según los afectados, de una lucha "totalmente trasversal", libre de siglas, que persigue la "defensa de un modelo turístico de convivencia mixta" y de una ordenación territorial que "forma parte de la cultura" canaria y que, por ende, debe ser "participativa".
"Es hora de llamar las cosas por su nombre", continúa el comunicado, y darle "voz" al sector que hasta ahora "no ha hablado", mientras otros, sin ser afectados, "se han pronunciado sobre la propiedad ajena olvidando siempre que faltaba la presencia del actor más importante" de este conflicto "en las negociaciones sobre la legislación" que engloba los ámbitos de Urbanismo y Turismo.
La nueva entidad, además, subraya que no se identifica con la denominada Plataforma Técnica para la Defensa de la Propiedad Privada en San Agustín, Bahía Feliz, Playa del Inglés y Maspalomas. Y es que a pesar de que este segundo colectivo asegura que aglutina las reivindicaciones de "propietarios, inversores, usuarios y profesionales del turismo", aún carece de una cabeza visible, con nombre y apellido, que defienda a los afectados de forma pública.
La plataforma que preside Padrón invita a los afectados por la Ley Turística a unirse a la asociación a través de la red social de Facebook y el abono de una cuota simbólica de cinco euros, que servirá de fondo para financiar las acciones que decidan emprender en un futuro a medio plazo.
Por el momento, la junta directiva tiene en su agenda convocar una asamblea para el próximo mes de octubre, en la que decidirá la estrategia del plan de actuaciones que va a desarrollar. No descartan acudir a las instituciones europeas, si no existe una modificación en la normativa regional y municipal.
