Cuatro constructoras canarias, LEM Infraestructuras y Servicios SL, Bitumex SAU, Félix Santiago Melián y Hermanos García Álamo han presentado un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación por parte del Cabildo de Gran Canaria del contrato de conservación de carreteras de la Red de Alta Capacidad a la empresa Pérez Moreno por importe de 23,3 millones de euros. A través de este contrato, esta constructora que fue la que obtuvo la mejor valoración de la oferta económica, logra hacerse cargo del mantenimiento de la autopista del Sur de Gran Canaria durante los próximos cuatro años.
Las empresas recurrentes no están de acuerdo con la valoración que se ha dado a los criterios subjetivos, que dependen de la opinión de los técnicos, y por eso, decidieron presentar una demanda el pasado 1 de octubre en el Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas de Gran Canaria. En la demanda, que firman el letrado Enrique Núñez Rodríguez, y el procurador Vicente Gutiérrez, estas constructoras solicitan la suspensión de la adjudicación del contrato a Pérez Moreno, sin necesidad de prestar fianza, caución o garantía de ninguna clase.
Criterios subjetivos
En los criterios subjetivos Pérez Moreno obtuvo 49 puntos, empatada con Satocan-Indra, mientras que FCC Lem logró 33,61; Bitumex-Ralons 27,50; Elsan-Hermanos Tito 23,50,; y Sacyr-Félix Santiago 15,20. Las constructoras canarias, que han pedido que se suspenda la adjudicación, ya habían señalado, que en caso de resultar adjudicatarias, constituirían uniones temporales de empresas (UTE) con las sociedades con las que concurrieron a esta oferta pública.
Este concurso de carreteras, fue resuelto el pasado 27 de julio por el Consejo de Gobierno del Cabildo insular, presidido por Antonio Morales, pero todavía la corporación no ha firmado el contrato con Pérez Moreno. La convocatoria de la corporación insular para contratar el mantenimiento de las carreteras de la Isla ha estado plagada de retrasos, impugnaciones y recursos judiciales desde el mandato anterior.
La presentación de una denuncia anónima en el área de Obras Públicas del Cabildo en la que se advertía de anomalías, obligó al anterior grupo de gobierno dirigido por José Miguel Bravo de Laguna a anular el primer concurso para su contratación y convocar uno nuevo, en el que también se detectaron posibles irregularidades que, en este caso, se resolvieron con la revisión de todo el proceso.
