El presidente del Cabildo, Antonio Morales, considera que la sentencia que anula la licencia de derribo y reconstrucción del hotel Riu en el Oasis de Maspalomas ha generado una situación "extraordinaria" para que todas las partes implicadas en la ordenación de esta pieza urbanística se sienten a hablar y alcancen un acuerdo que permita retirar las demandas judiciales en aras de avanzar en la protección del enclave turístico.
La reordenación del Oasis de Maspalomas supone un escollo en la planificación territorial de las Islas, en la que el Cabildo mantiene desde su mandato anterior un recurso contra el Gobierno de Canarias por no declarar la zona como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de sitio histórico. Según el Cabildo existen indicios que corroboran que Cristóbal Colón pasó por la zona durante su viaje a las Américas. "En las actuales circunstancias el recurso no será retirado", adelanta Morales, "pero sí desde luego, en el marco de un acuerdo", sugiere en un comunicado.
El mandatario insular cree que la anulación de la licencia concedida hace dos años por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a la cadena hotelera Riu para demoler su establecimiento en el Oasis y convertirlo en uno nuevo con mayor número de habitaciones supone una "buena ocasión" para que tanto empresarios de la zona como las administraciones retomen el debate sobre la protección de este codiciado espacio natural de Maspalomas.
"Es bueno que nos sentemos Gobierno canario, Cabildo, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y todas las empresas afectadas para elaborar un plan que contemple todas las realidades", señala Morales, quien subrayó la necesidad de reservar y rehabilitar el palmeral.
En la resolución de este conflicto, considera el regidor, el "gobierno de la Isla debe jugar un papel importante a la hora de poner de acuerdo a las partes" por lo que propone "no seguir en la deriva de los procesos judiciales" en los que ya están inmersos la cadena mallorquina, el grupo Lopesan y algunas administraciones.
Morales apuesta por aprovechar la coyuntura para abrir un proceso de diálogo que tenga como objetivo llegar a un consenso entre los agentes afectados, pues "ahí estarían todos obligados a retirarse de los procesos judiciales", especifica, "aunque primero se ha de fijar un acuerdo marco entre la parte empresarial y la pública".
Por su parte, la promotora ya ha anunciado que recurrirá la sentencia por considerar que "no se ajusta a derecho". En un comunicado Riu destaca su sorpresa al observar que la sentencia emitida por la magistrada del juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria se ha "decantado por darle más valor a un informe pericial presentado por las empresas del Grupo Lopesan frente a otro informe contrario suscrito por una empleada pública al servicio del Ayuntamiento de San Bartolomé, que ha sido postergado, pese a la presunción de imparcialidad atribuible a dicha funcionaria".
