Tras defender de manera reiterativa el grupo de gobierno que dirige Marco Aurelio Pérez en estos últimos tres meses que el nuevo plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana no incorpora nuevos usos sobre el suelo municipal, los 13 concejales de la coalición PP-AV respaldaron ayer en Tunte la propuesta de sus compañeros de la oposición para exigir al Gobierno de Canarias que modifique la Ley Turística por limitar la residencia en el litoral del municipio sureño. La corporación acuerda "ralentizar" la tramitación del documento hasta que el gobierno de Clavijo derogue la normativa. El presidente de la plataforma de afectados por dicha legislación, Blas Padrón, aseguró que la iniciativa supone un "cambio de discurso" y un "primer paso" hacia la solución en el conflicto de los residentes de bungalós turísticos.
"Hace unos meses el plan urbanístico parecía ser la panacea y había que aprobarlo a toda prisa. Ahora parece que el grupo de gobierno reconoce que no es un documento perfecto y que no soluciona muchos de los problemas del municipio". Así describió Padrón el cambio de actitud que ha adoptado el gobierno de San Bartolomé de Tirajana en cuanto a la tramitación del nuevo plan urbanístico, que recibió más de 6.000 alegaciones el pasado mes de septiembre durante su período de exposición pública.
Aunque desde entonces varias han sido las iniciativas que se han debatido en Tunte para instar al Ejecutivo a cambiar la Ley de Renovación y Modernización Turística- tanto la paralización de la tramitación del plan por parte del grupo de San Bartolomé También Puede como su "ralentización" como propusieron ayer NC, PSOE y Unidos- pocas veces la corporación había ahondado en los efectos negativos que desprende el documento no solo sobre los propietarios de bungalós sino en la población en su conjunto.
La portavoz socialista, Pilar Grande, advirtió de que en numerosas alegaciones se plantea la nulidad del propio documento por "vulnerar la autonomía local" o "infringir competencias estatales". "La pérdida de derechos por parte de los propietarios", explicó la concejal, "conlleva la consecuente responsabilidad patrimonial y, por tanto, un grave quebranto para las arcas municipales". Una cuestión que puede derivar en los juzgados con indemnizaciones millonarias a favor de los afectados.
Sin perder de vista la importancia del sector turístico en el Sur, Nueva Canarias rescató que el planeamiento además "deja muchas puertas abiertas"-como los problemas de Fataga o El Salobre-que "no se saben si se cerrarán algún día". Es por ello por lo que el plan debe "incorporar", a su juicio, las correcciones del Cabildo, Gesplan y las reclamaciones de ciudadanos y empresarios.
La corporación sureña además exige al gobierno de Clavijo una solución inmediata para poder otorgar licencias en aquellas parcelas en las que hay contradicción entre el plan anterior y el que se encuentra ahora en fase de estudio.
