El Cabildo retoma las apañadas tras abatir 140 cabras en la última campaña

Brito aseguró que la erradicación de las cabras mediante disparos con rifles de largo alcance "es siempre la última opción", pero defendió las dos batidas realizadas durante su mandato pese al desgaste que está sufriendo el gobierno tripartito de Antonio Morales, por lo que no descartó más muertes en el futuro si no funcionan las apañadas que va a autorizar el Cabildo en los próximos meses.

"Lo que no podíamos hacer era quedarnos con los brazos cruzados simplemente por el coste social y político que pueden suponer este tipo de acciones, que fue lo que hizo la anterior corporación del PP, porque el problema de las cabras se va multiplicando y en uno o dos año nos encontraríamos con una grave situación en los espacios naturales protegidos", dijo.

Brito compareció junto al director del proyecto Life+Guguy, Gustavo Viera, para explicar las actuaciones que ha realizado el Cabildo para eliminar el ganado asilvestrado en el zona oeste de la isla, desde el pinar de Tamadaba hasta Inagua. Entre los años 2009 y 2011 se organizaron unas veinte apañadas, con el resultado de 47 cabras capturadas.

Abatimientos

En 2012, en la etapa de la consejera del PP María del Mar Arévalo, comenzaron los primeros abatimientos con armas de fuego, con un total de 71 ejemplares eliminados. Por tanto, entre 2009 y 2014 el número de cabras asilvestradas capturadas o eliminadas a tiros se elevó a 122.

Tras confesar que a él tampoco le gustan las muertes violentas de los animales, Brito sostuvo que "el Cabildo ha probado todos los métodos que no significasen el abatimiento de las cabras, pero es la medida más eficaz en vista de que las anteriores se han demostrado insuficientes".

El consejero atribuyó la proliferación de cabras en esos espacios naturales a la inacción de su antecesora en el cargo, que en 2014 paralizó todas las actuaciones recomendadas por los técnicos para eludir las presiones de los grupos animalistas. "Al llegar a la Consejería nos hemos encontrado con un agravamiento del problema porque el anterior gobierno del PP cometió una clara irresponsabilidad", apuntó Brito. Al respecto, comentó que estas acciones tienen un coste social y electoral, pero insistió en que "uno no puede venir a gestionar los espacios naturales de Gran Canaria y hacer caso omiso de sus obligaciones".

Los abatimientos realizados por tiradores expertos de Andalucía han costado 9.000 euros cada uno, por lo que el gasto se eleva a un total de 18.000 euros. Brito defendió la contratación de un equipo externo por la falta de tiempo para preparar a los cazadores canarios.

Preguntado por la denuncia presentada por el Partido Animalista (Pacma) ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en la que le acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y maltrato animal, Brito consideró que esa demanda judicial "no va a tener ningún recorrido" porque, a su juicio, los denunciantes muestran un "total desconocimiento" de las leyes canarias sobre espacios naturales. Según las personas que realizaron los abatimientos no necesitaban una habilitación especial del Gobierno de Canarias, tal como sostiene el Pacma. Brito también anunció que los servicios jurídicos del Cabildo estudian las medidas a adoptar ante la violencia verbal y las acciones delictivas que han sufrido sus trabajadores y dependencias.