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Teror

El juez procesa a Juan de Dios Ramos por apropiación indebida

Está acusado junto a otros exconcejales de cobrar 780.000 euros de Aguas de Teror - Las normas del PSOE le obligan a dejar el cargo

Juan de Dios Ramos. LP/DLP

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arucas ha abierto juicio oral por el caso Aguas de Teror y sentará en el banquillo de los acusados al exalcalde de la villa, Juan de Dios Ramos Quintana, y a otros nueve exconcejales y técnicos municipales como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida mientras eran consejeros de la sociedad pública Aguas de Teror, de la que cobraron durante varios años un total de 780.836 euros.

En un auto firmado el pasado 26 de mayo, el juez declara abierto el juicio oral y determina como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Las Palmas, a la que se remitirán todas las actuaciones una vez recibidos los escritos de las defensas. Además de Juan de Dios Ramos, están acusados Ramón Armando Santana Yánez, Cayo Yánez Rodríguez, Sebastiana González Naranjo, José Falcón González, Francisco Ojeda Montesdeoca, Rafael Grimón Cabrera, José Alexis Gómez Pérez, José Juan Marrero Castellano y Rafael Cabrera Suárez.

La denuncia fue presentada hace más de diez años, en el mes de abril de 2006, por los entonces concejales terorenses del PP y de CC, de los que Cornelio Santana Gil y Antonio Ojeda Herrera se mantienen como acusadores. En octubre de ese año, el entonces alcalde y los concejales implicados en ese supuesto cobro ilegal en la empresa Aguas de Teror prestaron declaración en el Juzgado de Arucas.

Junto a Juan de Dios Ramos, que era el presidente de Aguas de Teror SA, fueron citados a declarar por los mismos hechos el entonces concejal de Aguas, Armando Santana Yánez, que a su vez era consejero delegado de esta empresa; el funcionario José Falcón González, como consejero en funciones; los concejales Santiago Ojeda, Rafael Grimón y Sebastiana González; y el abogado Rafael Cabrera, secretario del consejo de administración.

Según los denunciantes, Juan de Dios Ramos y otros miembros del consejo de Aguas de Teror cobraron sueldos durante varios años a pesar de estar expresamente prohibido por los estatutos de la citada sociedad municipal. En el caso del exalcalde, según los cálculos de los grupos de la oposición, se llegó a embolsar de forma continuada más de 15.000 euros anuales, a la vez que percibía con dedicación exclusiva su sueldo de regidor del Ayuntamiento de Teror.

Ministerio Fiscal

Tras el largo procedimiento judicial, la parte denunciante solicitó al juez la apertura de juicio oral y calificó los hechos de delito continuado de apropiación indebida y delito societario. También pidió la adopción de medidas de aseguramiento y de responsabilidades pecuniarias.

El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitó la apertura de juicio oral respecto de los mismos acusados, pidiendo su absolución por no ser los hechos constitutivos de delito, según señala el auto del Juzgado de Arucas.

La apertura de juicio oral deja en una situación comprometida al histórico líder del PSOE de Teror, pues los normas internas de su partido obligan a los procesados por los tribunales a dejar sus cargos públicos. Juan de Dios Ramos ocupa actualmente la Gerencia de la Sociedad para el Transporte Adaptado del Cabildo de Gran Canaria, para la que fue nombrado tras un polémico proceso de selección, ya que en la convocatoria del concurso público no se requería ninguna titulación académica.

Tras ocupar la Alcaldía de Teror durante más de veinte años y ser el candidato más votado en las elecciones del pasado año, Ramos fue desalojado del cargo por un pacto entre Nueva Canarias y el PP. Aunque renunció al acta de concejal en un último intento de los socialistas por mantener ese Ayuntamiento, finalmente Isabel Guerra, de NC, ocupó la Alcaldía.

Aparte del caso Aguas de Teror, Ramos tiene aún pendientes otros dos procedimientos judiciales: el llamado caso Abundio por un presunto delito contra la ordenación del territorio; y otro por supuestos delitos urbanísticos.

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