Una moción de Unidos por Gran Canaria para reclamar la instalación de los nuevos kioscos de Maspalomas y Playa del Inglés dejó al descubierto una situación kafkiana por la maraña administrativa que existe en las Islas. Los diez nuevos chiringuitos de las playas más emblemáticas del Sur están guardados desde hace año y medio en un almacén en espera de un informe de impacto ambiental.
La moción de José Miguel Bravo de Laguna planteaba instar a la Demarcación de Costas a emitir ese informe "en un plazo no superior a un mes, dada la urgencia del asunto". Y que una vez que el Cabildo lo reciba haga la Declaración de Impacto Ambiental antes de 15 días. En el debate, el consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, dijo que el Cabildo ya no tiene competencias para elaborar ese informe, mientras que Ana Kursón (PP), exconsejera de Política Territorial, explicó que el Ayuntamiento de San Bartolomé remitió ese informe al Cabildo y éste a su vez lo trasladó a Costas, pero el Ministerio considera que esa competencia corresponde a la Comunidad Autónoma, que es donde cree que se encuentra actualmente ese expediente.
Ante ese galimatías, se corrigió el texto de la moción para instar "a la administración correspondiente", sin definir cuál, a emitir ese informe medioambiental o a comunicar que no es necesario. Medio en broma, medio en serio, Bravo de Laguna recomendó al alcalde de San Bartolomé que instale los kioscos sin esperar más y si alguna administración se siente perjudicada que le ponga una multa. "Solo así se sabrá quien tiene esas competencias", ironizó. La moción salió por unanimidad.
El Pleno también aprobó por consenso una declaración institucional sobre accesibilidad, una moción para el reconocimiento de los derechos de los transexuales, la integración del Cabildo en la Red Española de Municipios de Acogida de Refugiados, una ayuda para una nueva residencia de tratamiento de Alzheimer, y el apoyo a afectados de Fórum Filatélico.
