El exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández, declaró ayer durante cinco horas en el Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana en calidad de investigado por las supuestas irregularidades que le acusa haber cometido el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas en la concesión de la playa de Tauro. La querella presentada por el ministerio público le atribuye un delito de falsedad documental y prevaricación urbanística por haber autorizado al grupo Anfi el inicio de las obras de la bahía sin la previa comprobación de los requisitos administrativos.
Hernández llegó ayer a Maspalomas cargado de una pila de papeles relacionados con el expediente que le costó el pasado mes de julio su destitución como jefe de la Demarcación de Costas a solo dos meses de jubilarse. Su declaración estaba prevista para el pasado 18 de noviembre junto a otros funcionarios como el ingeniero de Caminos, Ignacio López-Sanvicente, quien puso en conocimientos de sus superiores en Madrid las irregularidades detectadas en el expediente, pero su interrogatorio tuvo lugar ayer después de que el resto de los testigos ratificaran los informes en los que la Fiscalía ha basado su acusación.
El apoyo de los funcionarios a las supuestas acusaciones vertidas por el ministerio en su querella contra Hernández han provocado que Costas haya iniciado un expediente al grupo Anfi para anular la concesión de la playa.
El pasado 1 de octubre de 2015 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concedió al grupo turístico una autorización para ocupar 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre y explotar los servicios de la playa durante un período de 50 años. A cambio de esta concesión, el empresario Santana Cazorla, principal impulsor del proyecto, debía acreditar la titularidad de todas las parcelas que entregaba al Estado como parte del acuerdo de rehabilitación de la playa. Dicha "certificación registral", que finalmente no contemplaba al promotor como único dueño de los terrenos, además, debía formalizarse antes de iniciarse las obras. Según la querella de la Fiscalía, este procedimiento no siguió la normativa y el encargado de velar por su correcta tramitación, Hernández, autorizó la ejecución del proyecto sin verificar esta condición sine qua non del acuerdo. Es por ello por lo que el ministerio le acusa de un delito de prevaricación y alteración de documentos públicos que está castigado con penas de hasta seis años de prisión.
