El Gobierno de Canarias aprobó ayer el decreto por el que se desbloquea la puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Juan Grande, que lleva tres años terminada y no se había utilizado hasta ahora por carecer de estudio de impacto medioambiental.

El funcionamiento de esta nueva planta hidráulica permitirá dejar de bombear aguas residuales sin tratar a la EDAR de la Mancomunidad del Sureste procedentes de las poblaciones de Aldea Blanca, Castillo del Romeral y Juan Grande así como las del centro penitenciario ubicado a la entrada del municipio sureño.

La medida ha sido adoptada a propuesta de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad, que dirige Nieves Lady Barreto, tras detectarse que las canalizaciones de la red de saneamiento de Santa Lucía no podrán absorber el incremento del caudal previsto en estas poblaciones.

Riesgo de avería

"El inminente riesgo de colapso, obstrucciones y averías de estas infraestructuras, que pueden derivar en un riesgo ambiental y sanitario, es lo que ha llevado al Gobierno a aprobar este decreto que desbloquea la entrada en servicio de esta EDAR de San Bartolomé de Tirajana", explica el Ejecutivo, en un comunicado.

Para la aprobación de este decreto se ha establecido por parte de la Dirección General de Protección de la Naturaleza una serie de condicionantes medioambientales, referidos todos ellos a la fase operativa del proyecto, con el fin de evitar o minimizar su impacto ambiental. Esta decisión "justifica, de facto, la exclusión del mismo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental", especifica Presidencia del Gobierno en su nota de prensa.

Las obras de construcción de la depuradora del sistema este de San Bartolomé de Tirajana están completamente terminada desde hace tres años. Además, la infraestructura cuenta con autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que pertenece al Cabildo, desde abril del pasado 2011.

Sin embargo, según informa el Ejecutivo, la instalación no se había puesto en servicio porque carecía de la correspondiente declaración de impacto ambiental específica para este tipo de infraestructuras públicas.

Recordó el gabinete de gobierno de Fernando Clavijo que en un principio el cometido de esta obra se limitaba a depurar las aguas residuales procedentes del centro penitenciario. Y, que a posteriori, se consideró oportuno incorporar a esta instalación los vertidos de las poblaciones próximas, tanto dentro del municipio turístico como de la localidad vecina de Santa Lucía de Tirajana.