El fiscal suprimió ayer los delitos de tráfico de influencias a dos de los acusados del caso Paraíso, el exedil Francisco Guedes (PSOE) del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el exsecretario accidental municipal Antonio Muñiz, por los que pedía una pena de un año y nueve meses de prisión.
En la penúltima sesión del juicio que sigue la Audiencia de Las Palmas contra los ochos acusados, el fiscal modificó sus conclusiones definitivas con la supresión de este delito, si bien ha mantenido los de cohecho, prevaricación y falsedad de documento que atribuye a los procesados en la operación Paraíso, quienes se enfrentan a penas de entre cinco y diez años de prisión.
Las defensas de los acusados han mantenido sus conclusiones en las que reclaman la absolución de los ocho acusados.
En la causa figuran, además de Guedes y Muñiz, un hijo del primero, Jonás; el exconcejal de Urbanismo y Contratación Juan José Santana, de NC; el arquitecto técnico municipal Fernando Rivero; y los constructores Alejandro Navarro Miñón, propietario la empresa Mazotti, y Antonio Hernández Rodríguez y su hijo Esteban.
En la sesión de ayer se han reproducido cerca de medio centenar de conversaciones telefónicas intervenidas a los procesados y que constituyen una parte importante de la prueba acusatoria.
Así, se han escuchado conversaciones de Guedes, Navarro y el gerente de la empresa Reparaciones Navales sobre los pagos que efectuó Navarro a la empresa del hijo de Guedes, Excursiones Marítimas, para reparar el barco Atlantis que se empleaba para tal fin.
Según el fiscal, estos pagos se hicieron para conseguir la adjudicación de la segunda fase de la obra de urbanización de Poblado Cesa en favor de Mazotti.
Conversaciones
La empresa consiguió en subasta abierta una primera fase, adjudicada por 342.912 euros, y luego logró otros 261.741 euros adjudicados de forma directa "y totalmente ilegal", según el fiscal, para acometer una segunda fase, que la acusación pública sostiene que no existía, sino que sirvió para pagar sus sobrecostes.
En ese propósito colaboraron, supuestamente faltando a sus deberes como responsables públicos, el concejal de Urbanismo y Contratación José Juan Santana y el arquitecto municipal Fernando Rivero, según sostiene el fiscal.
Otras de las conversaciones telefónicas que se han reproducido hoy han sido las referidas a la otra trama de esta causa, el supuesto soborno por parte de los constructores Antonio Hernández y su hijo Esteban a Guedes y Muñiz para adquirir el terreno municipal del campo de fútbol de Aldea Blanca, cercano y no colindante a uno propiedad del constructor como en un principio consideró la acusación.
La Fiscalía sostiene que, para ello, Antonio Hernández pagó a su cargo obras en casa del concejal Francisco Guedes por valor de 3.606 euros y sobornó con 24.000 euros a Muñiz.
El juicio está previsto que quede visto para sentencia hoy jueves tras la presentación de los informes por parte del fiscal y las defensas.
