El Plan de Choque contra la Pobreza del Cabildo de Gran Canaria concedió más de 30.000 ayudas entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, la mayor parte de ellas en especie a través del Banco de Alimentos, según adelantó ayer la consejera insular de Política Social, Elena Máñez, durante una reunión con los 21 ayuntamientos de la Isla para informarles de los resultados del plan. El nivel de ejecución en ese periodo fue del 89,88%, pues se gastaron 4,63 millones de euros de los 5,3 millones que se incluyeron en el presupuesto del Cabildo.
En total se concedieron 30.815 ayudas a la pobreza, de las que 22.237 se tramitaron a través del Bancos de Alimentos de Las Palmas, 2.647 por el propio Cabildo, 2.106 por los seis ayuntamientos que optaron por la gestión directa (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Ingenio y Firgas), 1.657 por Cruz Roja Española, 1.138 por Cáritas Diocesana y 1.030 por la Asociación Manos de Esperanza y Vida.
Tras recordar que la emergencia social es una competencia de los ayuntamientos en la que colabora el Cabildo por las graves consecuencias de la crisis económica en miles de familias grancanarias, Máñez explicó que el gobierno insular de Antonio Morales se comprometió al inicio del mandato a poner en marcha, de forma inmediata, un plan contra la pobreza y la desigualdad. Para ello, destinó 5,3 millones, coordinando las acciones con el Gobierno autónomo, los 21 municipios, las ONG y las entidades que luchan contra la exclusión social.
Ayuntamientos y ONG
De esa cantidad, 2,3 millones se repartieron a través de las cuatro ONG colaboradoras, 2,12 millones fueron concedidos a los seis municipios que gestionaron directamente esas ayudas y los otros 700.000 euros se destinaron a los ayuntamientos que optaron por una gestión indirecta a través de los servicios sociales del propio Cabildo. Los restantes 171.000 correspondieron a los gastos del personal de los municipios.
Las ayudas de emergencia sirven para cubrir los gastos derivados de las necesidades básicas, como alimento, alquiler de vivienda, agua o electricidad. Son de carácter puntual y solo se conceden a un miembro de la unidad familiar.
En respuesta a las críticas de la oposición del PP, que acusa al gobierno de Morales de inactividad en política social, Máñez declaró que no solo se han tramitado esas 30.000 ayudas, sino que casi se han duplicado las partidas anuales respecto al anterior mandato de José Miguel Bravo de Laguna.
Frente a los 1,5 y 1,7 millones en los dos últimos años del gobier- no del PP, en este 2017 se ha consolidado una aportación anual del Cabildo de tres millones de euros. Además, puntualizó la consejera, también se perpetúan las ayudas a través de las ONG, que ya no son únicamente entidades colaboradoras.
Ese aumento de fondos respecto a la etapa del PP se debe mantener porque, según Máñez, la crisis económica no ha desaparecido. "Y, si no, que se lo digan a todas las familias que atienden los servicios sociales", recalcó.
Las cifras presentadas ayer, insistió, "arrojan un importante incremento en el número de ayudas concedidas con respecto a años anteriores, pues en 2014 se ejecutaron casi 2.800 ayudas para el Convenio de Emergencia Social y en 2015 se otorgaron 3.300 ayudas, frente a las más de 32.000 en 2016 con la suma del Plan de Choque al citado convenio".
Máñez adelantó que durante el primer trimestre de 2017 ya se han ejecutado más de 600.000 euros en 847 ayudas de emergencia. El Plan cuenta con dos millones para el Convenio de Emergencia Social y un millón que se destinará a través de esas cuatro ONG.
La consejera reconoció que en el reparto de estos fondos entre los 21 municipios no se ha seguido un criterio por población o número de desempleados, sino se ha utilizado "una bolsa común" para atender a las necesidades más acuciantes o para complementar a los ayuntamientos que disponen de pocos fondos para emergencia social.
"La común beneficia al conjunto y no perjudica a nadie", sostuvo la consejera, quien precisó que algunos municipios ya habrían agotado las partidas que les corresponderían en un reparto por población. Sería el caso de Guía, que ya ha gastado 64.000 euros de los 33.000 que le tocaban. También Moya, Agaete o La Aldea superarían ese gasto por municipio.
