La supuesta víctima de una agresión sexual ha dejado colgada esta mañana a la Audiencia de Las Palmas al no presentarse al juicio al que estaba citada como testigo de su propia violación.
La mujer, que se había comprometido a venir a la vista oral desde Alemania, no justificó su comparecencia, lo que motivó la protesta de la defensa al considerar su ausencia una falta de respeto al tribunal. Si apareció el acusado, Patrick B., que se juega diez años de cárcel como presunto autor de un delito de agresión sexual.
Patrick B. está en libertad provisional y tuvo que venir desde Alemania para la celebración del juicio. De ahí que el presidente de la Audiencia de Las Palmas y de la Sección Sexta, Emilio Moya, se disculpara por la inesperada suspensión de la vista oral.
El magistrado, tras consultar a la Fiscalía de Las Palmas,Fiscalía de Las Palmas optó por el aplazamiento del juicio al tratarse de una testigo esencial para dictar la futura sentencia. Moya volvió a citar a Patrick B. para el próximo 11 de diciembre.
La defensa se opuso a la suspensión y formuló una protesta formal por la decisión de la Sección Sexta, entre otros motivos porque la testigo estaba notificada, se había comprometido a venir y no ha explicado las razones de su incomparecencia.
La víctima, además, prestó declaración mediante prueba preconstituida antes de volver a Alemania. De ahí que la abogada no viera razones de peso para aplazar la vista, pues el testimonio de la perjudicada se encuentra grabado en el procedimiento. La fiscal Beatriz Sánchez, en cambio, solicitó la suspensión porque la abogada ha impugnado la prueba constituida al entender que se realizó sin las debidas garantías para el acusado.
La defensa niega desde el principio del procedimiento la supuesta agresión sexual. Patrick B. rechaza que tuviera relaciones sexuales con la víctima durante la madrugada del 22 de diciembre de 2015 en la playa de Taurito, en el municipio grancanario de Mogán, en el sur de la Isla.
La Fiscalía, con el testimonio de la perjudicada como prueba de cargo, sostiene que el procesado forzó a la mujer en la arena de la playa para mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Como dato objetivo se apoya en pequeñas lesiones que al parecer sufrió la víctima al tratar de repeler la agresión, como erosiones en los pechos y en otras partes del cuerpo. El ministerio público reclama una indemnización de 15.000 euros por los daños morales causados.
