Tras casi 40 años de democracia, España aún cuenta con una ley preconstitucional que regula la protección de secretos de Estado. ¿Por qué no se ha reformado esta normativa en las últimas décadas?
No hay una respuesta única a esta cuestión. La Ley sobre Secretos Oficiales de 1968, que fue modificada en 1978, es una de las pocas normativas preconstitucionales que nos queda en nuestro país con una importante trascendencia en el ámbito de los Derechos Humanos. En estos últimos años lo cierto es que ningún gobierno ha aprobado una reforma de la Ley, a pesar de que ésta presenta numerosas carencias técnicas con respecto a la aparición de las nuevas tecnologías. En otros países, como Estados Unidos, Canadá o Francia transcurrido un tiempo determinado, estos secretos de Estado se desclasifican y se ponen a disposición de archivistas, historiadores, académicos y periodistas. Sin embargo, esto no ocurre en España, donde solo se han desvelado hasta el momento algunos archivos militares y policiales. No existe una obligación legal para desclasificar documentos oficiales.
¿En este acceso restringido a documentos oficiales ha influido que España estuvo gobernada por un régimen dictatorial durante 36 años?
Es un asunto bastante delicado y existen muchas especulaciones y lecturas al respecto, pero en mi opinión creo que tiene que ver con la etapas de la Guerra Civil y los primeros años del Franquismo.
¿Y qué hace entonces un historiador en este caso?
Recurrir a consultar fuentes a otros países, donde la Ley obliga a abrir este tipo de archivos a la ciudadanía transcurridos en algunos casos 50 años, o no incluir en su investigación información clasificada. De hecho, la revelación de estos documentos se ha convertido en una reivindicación de las asociaciones de historiadores, archivistas o especialistas en la materia.
¿Existe algún cálculo de la cantidad de documentos que permanecen bajo secreto en la actualidad?
No se sabe con exactitud. España es uno de los pocos países occidentales que carece de un procedo de desclasificación de documentos oficiales automático. Lo lógico en un país democrático es que el Estado someta este tipo de documentos a la publicidad con el fin de corregir o ampliar algunas interpretaciones que se han hecho del pasado.
Entonces en España habrá capítulos de la historia incompletos.
En España es difícil reescribir y reconstruir la historia si no se desvelan los secretos de Estado. Aún se desconocen muchos datos sobre la descolonización de Marruecos, Guinea Ecuatorial o el Sáhara. De la misma manera que desconocemos algunas dimensiones del papel que jugó España en la II Guerra Mundial o episodios de la propia Guerra Civil. Esto nos impide aprender de los errores o aciertos que hayamos cometido en el pasado. En la anterior legislatura el grupo nacionalista vasco intentó sin éxito establecer un procedimiento para hacer públicos estos archivos.
