El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, negó ayer que el problema de los vertidos contaminantes sea un problema generalizado en todo el Archipiélago y aseguró que en la Isla se depura el 99% de las aguas fecales y solo se vierten al mar la mitad de las aguas previamente depuradas, pues la otra mitad se destina al riego agrícola.
Morales comparó la situación de Gran Canaria con la de Tenerife, donde se vierte directamente al mar entre el 70% y el 90% de las aguas fecales, el 65% según reconoce el propio Cabildo tinerfeño en su Plan Hidrológico, y se preguntó por qué no interviene allí la Fiscalía de Medio Ambiente.
"No nos imaginamos lo que hubiera sucedido si Gran Canaria tirara al mar 57 millones de litros de aguas fecales al día; aquí se reboza una alcantarilla y ya tenemos abierto un expediente de la Fiscalía", declaró Morales, quien consideró que los vertidos en Tenerife "son un hecho gravísimo por cuanto en sí mismo afecta a la salud pública y a la flora y fauna del mar de Canarias, que en cuarenta años ha perdido el 90% de sus peces".
Aunque aseguró que no pretende abrir una polémica con el Cabildo de Tenerife, reclamó que se impliquen la Fiscalía de Medio Ambiente, el Seprona y el propio Gobierno de Canarias, que tiene las competencias de autorizaciones y vigilancia de los vertidos de aguas al mar.
"Se trata de sanear, no de contaminar, máxime cuando la industria turística está vinculada en un 35% al PIB de forma directa e indirectamente al 80% de la economía isleña", apuntó Morales en una rueda de prensa para desmentir una contaminación generaliza en todas las islas, de la que ya se han hecho eco medios de comunicación.
También pidió al Gobierno de Canarias que a la hora que poner solución a los vertidos de las aguas fecales "no castigue ahora en las inversiones a los cabildos y ayuntamientos que han hecho bien los deberes" para beneficiar a los que han incumplido la normativa.
Morales resaltó que Gran Canaria ha logrado ese alto porcentaje en la depuración de aguas "gracias a la concienciación y el esfuerzo inversor iniciado en los años ochenta". Al respecto, explicó que el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, tiene encomendada la gestión del agua de catorce municipios más una parte de otros tres, e invierte cada año 11 millones en gestionar 22 millones de metros cúbicos de agua; otros 180.000 euros en los análisis de aguas, que luego traslada al Gobierno canario; y más de 100.000 euros en vigilancia y control del agua vertida al mar. Las inversiones en marcha alcanzan los 45 millones de euros.
Microalgas
El presidente insular también se refirió a la polémica política y científica generada por la aparición de las microalgas y su posible vinculación a los vertidos de Tenerife, así como la posible afección a la salud. Tras mostrar pruebas de la repercusión de esas noticias en la prensa de países como Canadá, Francia, Alemania o Reino Unido, pidió al Gobierno canario "un informe definitivo y de consenso científico" que aclare la situación y acabe con la controversia.
Morales recordó que "distintas voces autorizadas, catedráticos y científicos, apuntan en direcciones contrarias", por lo que consideró necesario "crear una mesa en la que se sienten distintas partes para que concluyan con un pronunciamiento técnico único".
A su juicio, "es imprescindible que quede aclarado si las microalgas están relacionadas o no con los vertidos fecales, y si afectan a la salud y en qué medida, y un protocolo de actuación porque, dado que de todas formas están relacionadas con el cambio climático, potenciadas o no por las aguas fecales, estos episodios se repetirán cada año".
Morales insistió en que debe eliminarse la imagen de que existe una nefasta gestión en la depuración de aguas y que el problema de los vertidos y las microalgas afecta por igual a todas las Islas.
