Vecinos del Castillo del Romeral, de Juan Grande y la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción reclaman a la Dirección General de Minas del Gobierno canario, al Consejo Insular de Aguas del Cabildo grancanario, y al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana el precinto definitivo de las cuatro machacadoras de áridos que existen en el barranco de Tirajana, entre la autopista GC-1 y la central térmica de Juan Grande. Los residentes en estas localidades exigen también que se obligue a las empresas a restaurar la zona de barranco que han destrozado con la extracción de árido.
Antonio Hernández, abogado de los vecinos, explicó que las insistentes denuncias de los vecinos motivó que el Ayuntamiento de Santa Lucía decretara el cierre el pasado mes de agosto de las industrias de extracción de áridos Ramos Gil-Satocan, Domínguez, Horcasa, y Pedro Mendoza , que es la única que sigue abierta porque mantiene un proceso de litispendencia que impide que el órgano judicial pueda actuar.
El portavoz de los residentes de Castillo del Romeral y Juan Grande señaló que han sufrido durante cuatro años la contaminación ambiental en sus viviendas, a las que les llega la arena y el polvo de las machacadoras, según pruebas periciales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Teniendo en cuenta que se han sobrepasado los niveles permitidos durante 100 días en 2016, es por lo que exigen que se precinte las industrias y se proteja su salud y calidad ambiental.
En este sentido, dijo que aunque hay administraciones que han actuado en este asunto, como es el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Consejo Insular de Aguas, lo han hecho "tarde y lentamente". A la vez denunció el hecho que el Gobierno canario no haya asumido las responsabilidades que tiene a nivel ambiental.
