Más de 200 personas se concentraron ayer a las puertas del camping de Arguineguín en protesta ante el inminente desalojo de las instalaciones, después de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana haya ordenado a la empresa gestora del espacio, Canaricamping S.L., el cierre del mismo. El motivo, indica el consistorio, carecer de título de licencia. Las instalaciones llevan casi una década abiertas al público.
La medida afecta más de 200 campistas, que tendrán que abandonar las instalaciones antes del próximo 31 de enero. Fuentes cercanas a la empresa argumentan que el Ayuntamiento "pide cosas que a lo mejor son difíciles de obtener", sin concretar cuáles son esos requisitos. "A la empresa le duele y le molesta cerrar un negocio que puede durar años", aseguran las fuentes, "pero queremos ser fieles a las instituciones y las leyes", motivo por el cual se limita a cumplir la orden dictada por el Ayuntamiento.
La compañía que gestiona el espacio comunicó la medida a los campistas el pasado lunes a través de la instalación de un cartel en la entrada del camping, y mediante una notificación a cada uno de los usuarios, en la que se informaba de la situación y los plazos "con tiempo suficiente" para retirar las caravanas del terreno.
El malestar y la desesperación es generalizada entre los campistas, quienes manifiestan no haber recibido ninguna aclaración sobre el motivo de la expulsión del lugar. Los usuarios rechazan el cierre del espacio después de que para alojarse en él hayan tenido que adquirir las propias caravanas que allí se venden y pagar mensualmente unos 150 euros por la parcela que ocupan. Si bien es cierto que la mayoría de los usuarios se desplaza hasta el camping solamente los fines de semana y en los períodos vacacionales, en él residen de forma habitual unas 15 familias, varias con niños, que no disponen de recursos para hacer frente al pago del alquiler de una vivienda.
Es el caso de Thais Guerra, una joven que vive en el camping desde hace cuatro meses al no tener otro sitio dónde ir debido al elevado precio de los alquileres. Allí reside con su pareja, Doramas Gómez, y sus dos hijos de 10 y 16 años, escolarizados en los colegios cercanos. Ambos están en situación de desempleo y el cierre de las instalaciones les deja en situación de desamparo porque "no tenemos opción de irnos a otros camping ya que son más caros y no nos dejan acceder con una caravana de fuera".
Por su parte, Guacimara Cabrera, otra usuaria del camping, asegura que la noticia "ha sido un shock" para todos, motivo por el cual "ya hay movimientos" entre los campistas para contratar a un abogado que se haga cargo del caso. Juan Rafael Robles, un vecino de 56 años que reside en las instalaciones desde que éstas abrieron al público, manifiesta su intención de no abandonar el lugar. "Yo me siento y que pasen los tractores sobre mi", apunta. La incertidumbre se ha instalado en unos usuarios qué no saben cuáles serán los próximos movimientos. Pero lo que sí tienen claro es que resistirán hasta el último momento.
