Los partidos políticos de la Isla han realizado gestiones, desde hace algunos meses, para interesarse por el caso de Mavi Marcos, la lanzaroteña que está recluida desde noviembre en el penal de mujeres de El Inca, en Quito (Ecuador), acusada de esconder en su maleta unos seis kilos de cocaína. Hasta el momento, el interés que han mostrado CC, PP y PSC por la situación de Mavi no había trascendido.
El diputado del PP por la provincia de Las Palmas Cándido Reguera manifestó ayer que se puso en contacto con el consulado de España en Ecuador, desde donde le manifestaron que la joven no podrá salir de la cárcel hasta que sea enjuiciada, "tanto si quedara en libertad como si fuera condenada, circunstancia esta última que le permitiría cumplir su pena en España, gracias al acuerdo de extradición existente entre ambos países", dijo Reguera.
Precisamente, el pasado martes, Mavi prestó declaración ante la Audiencia de Quito, tal y como ella misma relató a este periódico tras regresar a su celda. Cree que "hasta dentro de tres o cuatro meses" no le saldrá el juicio.
La madre de Mavi, Antonia Cabrera, se ha puesto en contacto con las autoridades canarias para tratar de resolver la difícil situación que vive su hija. En primera instancia recurrió al viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, el lanzaroteño Mario Pérez (CC), quien le propició un encuentro con el consejero regional de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano.
El senador por la Isla, Marcos Hernández (PSC), trasladó la preocupación por Mavi a la Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo entre cuyos objetivos está realizar programas de asistencia dirigida a los españoles que están en estado de necesidad fuera de la nación.
El director insular de la Administración General del Estado, Carmelo García Déniz, ha declinado pronunciarse sobre el caso de Mavi.
