La Guardia Civil ha detenido este martes en Lanzarote a un total de siete personas durante la tercera fase de la 'operación Jable' a las que se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho en sus distintos tipos. En las tres oleadas de esta operación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, desarrolladas hasta el momento, son ya un total de veinticuatro las personas detenidas entre Lanzarote, Gran Canaria, Madrid y Almería.
Entre los detenidos se encuentran la ex presidenta y actual consejera de Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, María José Docal, el concejal de Parques y Jardines y la concejal de Playas, Festejos y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín y Luisa Blanco, respectivamente y todos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), así como varios empresarios de la Isla, entre los que destaca Demetrio Rodríguez, propietario de la empresa Lanzagrava, que resultó adjudicataria de las obras del Plan de Barrios de Arrecife.
Esta tercera fase de la investigación ha sido llevada a cabo en Lanzarote donde, además de las detenciones, se han practicado diversos registros en dependencias de Ayuntamiento de Arrecife, domicilios y empresas de los detenidos, interviniéndose gran cantidad de documentación, tanto en soporte informático como en papel, que está siendo analizada por los investigadores.
La Guardia Civil comenzó las detenciones y registros de esta tercera fase de la operación a primera hora de la mañana, prolongándose durante varias horas las actuaciones.
La 'operación Jable' desarrollada estas semanas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha permitido poner al descubierto "un complejo e importante entramado de corrupción, asentado en varias instituciones de la isla de Lanzarote", explica el instituto armado en un comunicado.
Esta fase de la operación tiene su origen en el análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la 'operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil.
Esta red de corrupción se habría dedicado, presuntamente, al cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote, con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la Isla.
La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
Igualmente, en la operación ha participado el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Canarias, junto con Unidades territoriales del mismo Cuerpo de los lugares de actuación.
