La empresa que asuma la producción del agua en Lanzarote para pagar la deuda de Inalsa tendría que desembolsar alrededor de 57 millones de euros, dado que debería afrontar no solo el pago a los acreedores, sino la facturación eléctrica pendiente de las desaladoras y las inversiones para mejorar la red de alcantarillado y modernización de las potabilizadores.
Aunque las propuestas presentadas ayer en el juzgado de lo Mercantil para saldar la deuda de 42 millones de euros de Inalsa contempla también la posibilidad de pedir al Estado un crédito ICO o bien un préstamo a un tercero, la opción que gana más enteros es la de sacar a concurso público la producción del agua.
Un proceso de licitación para un contrato de servicio público, de tal forma que se establecería un canon inicial que como mínimo cubra el importe de la deuda. Se calcula, además, que el contrato tendría una duración de entre 15 y 20 años.
Cabe destacar que la deuda concursal contraída por Inalsa asciende a 42 millones de euros, a la que hay que sumar otros diez millones de la factura eléctrica generada después de iniciarse la intervención concursal de la empresa. Además, se aspira a financiar otros 11 millones más destinados a inversiones.
En caso de licitación del contrato de gestión de servicio público será obligatorio el establecimiento en el pliego de condiciones de un canon inicial que como mínimo cubra el importe de la deuda acordada en el convenio de acreedores, canon que obligatoriamente deberá ser destinado al pago de los acreedores de Inalsa.
Al montante de la deuda habría que restar una quita del 18,16%, es decir, la rebaja de unos 7 millones de euros que deberán aceptar los acreedores en su conjunto si aceptan cualquiera de las tres opciones.
