La Fiscalía ha pedido el volcado de los archivos informáticos del disco duro del ordenador que el juez César Romero Pamparacuatro utilizó para escribir sus resoluciones judiciales del "caso Unión" ante las "intolerables sospechas de adulteración" documental de algunas de las actuaciones.
El fiscal de Medio Ambiente, adscrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, propone esa medida para acreditar "la autenticidad y la integridad" de los documentos de las resoluciones referidas a la pieza 12 de esta trama de corrupción, ante las dudas expresadas por las defensas de los acusados.
La Fiscalía plantea a la actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife que tramita el caso que, si las fechas de creación de los documentos almacenados en el disco duro fueran posteriores a las que obran en las resoluciones judiciales, se deberá deducir testimonio de forma "inmediata" a los fiscales de Lanzarote para que investiguen la posible falsedad documental que se hubiera podido cometer.
Para Ródenas, resulta "inaplazable por más tiempo" despejar "las "intolerables sospechas de adulteración documental de las actuaciones", al haberse cuestionado su autenticidad, aunque no su integridad ni su contenido, por el hecho de no contar con la firma del juez Pamparacuatro. Por ello, entiende que es preciso comprobar la autenticidad de las resoluciones judiciales que poseen las partes (acusación y defensas) en soporte digital.
La intención de la Fiscalía es cotejar los archivos informáticos del disco duro con los textos que obran en la causa en presencia de la actual juez instructora y de las partes, el secretario judicial y un técnico informático, de manera que se verifique la fecha de su creación y las posibles modificaciones que se hubiesen producido.
Del volcado a papel de esos archivos, se levantará un acta con las personas intervinientes y describiendo lo que se ha hecho, en un acta que deberá contar con la firma de todos los intervinientes. La pieza número 12 del "caso Unión" trata sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y la adjudicación irregular de contratos.
