El titular registral y catastral de los terrenos urbanos y rústicos del Plan Parcial La Bufona, en Arrecife, Eduardo Murillo, que denunció en su día la usurpación de suelo en la zona, en el que se levantaron en el año 2000 catorce chalés para los que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun) ordenó en febrero de 2013 el derribo parcial por ocupar suelo rústico y ampliar las viviendas con el añadido de piscinas sobre suelo protegido por parte de los propietarios, presentó el 28 de agosto un escrito en la Fiscalía Provincial de Las Palmas para denunciar "la diferente acción de la Administración, ante casos prácticamente idénticos" y reclamar "la misma justicia para todos".
Murillo se refiere a la orden de derribo de las edificaciones ilegales en el Parque Rural de Betancuria (Fuerteventura) de la abuela Josefa Hernández, uno de los requisitos de la Audiencia Provincial de Las Palmas para suspenderle la pena de prisión, el pasado jueves, y del Consejo de Ministros para concederle el indulto parcial un día después y, por otro lado, a las edificaciones ilegalizables de La Bufona, entre las cuales se encuentra la de la presidenta del PP de Lanzarote, parlamentaria regional y concejala de Arrecife, Astrid Pérez.
"Ante la alarma social suscitada por la percepción por parte de la ciudadanía, de la existencia de una justicia implacable para unos y totalmente ausente para otros", afirma Murillo, ha reclamado la intervención de la Fiscalía "para evitar que se continúe cometiendo un aparente delito de prevaricación administrativa y se inste a los máximos responsables de la Apmun a ejecutar las resoluciones firmes de demolición que afectan a las viviendas ilegalizables de La Bufona".
Según Murillo, "los propietarios de La Bufona estarían incurriendo en la misma actitud desafiante que se achaca a Josefa Hernández y lejos de reparar el daño causado, al construir en una zona protegida, no solo no han demolido sus construcciones ilegales, sino que han continuado ampliándolas".
