El gerente de la empresa Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, reconoció ayer ante el juez que el abogado Ignacio Calatayud, que asesoró al presidente del Cabildo y del Consorcio Insular del Agua, Pedro San Ginés, en la incautación de la desaladora de Club Lanzarote en septiembre del pasado año trabajaba también entonces para esa compañía, beneficiaria económica de la intervención de la planta.

Díaz ha declarado como testigo en el proceso penal que se sigue contra el presidente de la corporación insular, imputado por sendos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación sin orden judicial de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, situada en el plan parcial de Montaña Roja en Playa Blanca.

San Ginés aseguró ayer que le parecía " irrelavante" que el letrado del Consorcio del Agua también trabajase para Canal Gestión " en la medida en que lo verdaderamente importante, bajo mi punto de vista, es que la incautación se llevó a cabo atendiendo a la opinión jurídica del secretario de estas tres entidades, coincidente con la del letrado, en lo referente a que se podía realizar la ocupación, a que no era necesaria autorización judicial previa por tratarse de un bien de dominio público, ni tampoco era preceptivo informe jurídico por escrito previo o posterior, si bien al final y voluntariamente lo solicité". San Ginés, duda que la incautación de la desaladora "haya generado beneficio alguno a Canal Gestión debido a las múltiples inversiones que han sido necesarias para la mejora del ciclo integral del agua, a los costes de personal y logística que supuso la modificación de miles de contratos de los usuarios, amén de los gastos de oficina y teléfonos, entre otros".

El presidente afirma que en el caso de que Canal obtuviera beneficios por la gestión de la planta, el Consorcio le exigiría el pago de un canon especial, no previsto en el pliego de condiciones por cuanto tampoco lo estaba una medida tan especial como la incautación y matiza que "fue el Consorcio quien planteó a Canal si estaría en disposición de hacerse con la gestión de la planta, y no al revés".

El juez que instruye el caso acordó ayer suspender la declaración del secretario general del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo, quien había sido citado a declarar como testigo para estudiar la petición de la acusación particular que ha pedido que el secretario sea imputado.