El magistrado Arturo Valdés, hasta hace pocas semanas titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Arrecife, ha ordenado la apertura de juicio oral por la pieza separada del caso Yate (relativo a las licencias hoteleras ilegales en los municipios de Yaiza y Teguise) que investiga el pago de cerca de un millón de euros entre los años 1996 y 2012 al abogado Felipe Fernández Camero por parte del Ayuntamiento de Yaiza, de forma supuestamente fraudulenta, institución de la que era asesor. La Audiencia Provincial de Las Palmas será la encargada de juzgar esta causa. El letrado fue secretario del ayuntamiento de Arrecife entre 1980 y 2004.
El juez pide a Fernández Camero una fianza de 1.294.336,05 euros para hacer frente a la responsabilidad civil que se pudiera derivar de la sentencia, y 415.636,82 euros a la empresa mercantil Adelfas 24 SL, a través de la cual el abogado habría recibido algunos de los ingresos. La Fiscalía lo acusa de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil, otro continuado de malversación de caudales públicos y un delito de inducción a la prevaricación. Las penas demandadas son 10 años de inhabilitación y seis de prisión y la devolución del dinero cobrado.
Resarcir los perjuicios
Para el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes la petición es de 1.123.625,56 euros. Se enfrenta a seis años de cárcel por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. Reyes se encuentra en prisión desde el pasado mes de junio cumpliendo una condena de seis meses por otorgar con informes negativos la licencia para el chalé del arquitecto Carlos Morales y la princesa Alexia de Grecia en Puerto Calero. Ese procedimiento es una de las piezas del caso Unión.
En el caso del secretario, Vicente Bartolomé (inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2013 durante cinco años para ejercer su cargo por informar de forma positiva la construcción de nueve chalés en suelo rústico entre Las Breñas y Femés, pese a que no se podía edificar), el juez ha determinado la fianza en 968.347,17 euros.
El exfuncionario Antonio Fernández, quien en ocasiones sustituía a Bartolomé como secretario interventor, según la solicitud de fianza del juez, deberá pagar 154.323,50 euros. La Fiscalía entiende que tanto él como Bartolomé "incumplían las más básicas obligaciones fiscalizadoras y de control de la legalidad del gasto público". Con los pagos exigidos a los cuatro investigados se pretende que el consistorio sea "resarcido de todos los perjuicios causados".
