El juez que investiga la gestión de la que fue la empresa pública del agua (Inalsa) ha emitido un auto donde acepta la petición de Fiscalía de declarar la complejidad de la causa y fija un plazo máximo de 18 meses para concluir su instrucción. Para la Fiscalía "se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos".
