El Ayuntamiento de Arrecife cesó el pasado jueves al interventor municipal, Carlos Sáenz, funcionario que también llevaba el departamento de Intervención en el consistorio de Teguise, donde fue cesado de su cargo el miércoles de esta semana.
La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en enero de 2016 a Sáenz a cinco años, tres meses y un día de prisión y nueve años de inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación y malversación en el 'caso Proselan', una de las piezas separadas de 'Unión', tras acreditarse el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan por trabajos de electricidad cargados al Ayuntamiento de Arrecife que no se ejecutaron y cuyo dinero debe ser devuelto a las arcas capitalinas. En noviembre del pasado año el Tribunal Supremo fijó el fallo, firme, en cuatro años, seis meses y un día de cárcel y ocho años de inhabilitación.
La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias notificó esta semana a Arrecife y Teguise la ejecución de sentencia que condena a Sáenz, por lo que ambas instituciones han procedido a suspenderlo de sus funciones de cara a su ingreso en prisión. El interventor ejerció en Arrecife desde febrero de 1998, mientras que en Teguise estuvo en una primera etapa desde julio de 2008 hasta mayo de 2012 y regresó el 9 de diciembre de 2014, donde presto sus servicios en régimen de acumulación de funciones hasta el miércoles 14 de junio.
Fuentes del Ayuntamiento de Arrecife aseguraron ayer que un funcionario habilitado ocupará el puesto de Sáenz de forma accidental, aunque sin precisar de quién se trata. En el caso de Teguise el ingeniero industrial Francisco Betancort ha sido designado interventor accidental. Ahora el Boletín Oficial del Estado deberá informar de la vacante en ambos consistorios al tratarse de un puesto que deberán ocupar funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Desde Teguise se aseguró además que "si no se presenta nadie a cubrir ese puesto la plaza se sacará a concurso".
El exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, también ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer trabajo público por prevaricar y malversar caudales públicos de forma continuada. Arrecife ya lo apartó del Área de Movilidad.
El empresario José Daniel Hernández tiene la misma pena que Sáenz y Arrocha por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación y un delito de falsificación de documento mercantil.
El exedil de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, fallecido en enero de este año, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión y tres años de inhabilitación.
Sáenz se enfrenta a 55 años de prisión por los juicios pendientes del 'caso Montecarlo', por el que estuvo en prisión provisional diez meses entre 2012 y 2013 por presunto cohecho y prevaricación, relacionados con los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva, este último en Fuerteventura, donde también ejerció de interventor.
