La bodega Stratvs inaugurada oficialmente en mayo de 2008 pero precintada por orden judicial desde diciembre de 2013 afronta a partir de este lunes el primero de los dos juicios en los que se ha dividido esta macrocausa, por la condición de aforada de una de las acusadas, la parlamentaria regional y alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. En esta primera fase que se alargará toda la semana se determinar si estas instalaciones situadas en el paraje protegido de La Geria contaban o no con licencia.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), que se desplazará al palacio de justicia de Arrecife, juzgará a diez de los 17 implicados en este procedimiento, entre los que figuran técnicos del Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (con múltiples condenas por corrupción urbanística y blanqueo de capitales), la regidora de Yaiza y parlamentaria regional del partido Unidos por Yaiza, aunque en la lista de Nueva Canarias, Gladys Acuña y el empresario turístico y propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa.
La bodega Stratvs, con una inversión en torno a los 15 millones de euros, se había convertido en una de las más importantes de Canarias tras haber recibido poco antes de su clausura en el año 2013, el Premio Alimentos de España al Mejor Vino por su Moscatel Licor 2006 que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La vista oral durará hasta el viernes 23 de junio en sesiones de mañana y tarde, aunque también se contempla la posibilidad de que se extienda un día más si hiciera falta, según la planificación facilitada este viernes por el TSJC.
Las dos primeras jornadas se dedicarán a las cuestiones previas y al interrogatorio de los diez acusados. Las testificales han sido programadas para el miércoles con una treintena de testigos que han sido llamados a declarar, entre ellos, más de una decena de guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Unidad Central Operativa (UCO), además del técnico de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza Antonio Lorenzo, el presidente del Cabildo y el secretario de esa institución, Pedro San Ginés y Francisco Perdomo, respectivamente.
La alcaldesa de Yaiza tendrá que declarar en este juicio en calidad de investigada por otorgar la licencia de apertura a Stratvs en el año 2008, cuando también era regidora, en ese momento por el PIL. La Fiscalía solicita para Acuña tres años y diez meses de prisión, además de diez años de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y prevaricación medioambiental.
Además de Acuña se sentarán en el banquillo los exconcejales Leonardo Rodríguez (CC), Juan Lorenzo Tavío (CC) y Evaristo García (PIL), miembros de la Junta de Gobierno que concedió la licencia de funcionamiento a Stratvs, y el concejal José Antonio Rodríguez (Unidos por Yaiza), actual responsable de Servicios Sociales y de Urbanismo, con NC, en el momento en el que se concedió el permiso a Stratvs.
Rodríguez autorizó la prórroga de la licencia de construcción a Stratvs cuando ejercía de alcalde accidental en sustitución de José Francisco Reyes, que también deberá responder en los dos juicios de este procedimiento, el del TSJC y el de la Audiencia Provincial, que juzgará la construcción de la bodega en un espacio protegido y que la Fiscalía ha calificado como el peor atentado medioambiental que ha sufrido Lanzarote en 22 años
Por su parte, Rosa está acusado por un presunto delito de tráfico de influencias al entender la Fiscalía que el empresario influyó en el concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez para lograr la licencia de actividad. Una conversación que había sido intervenida por la Guardia Civil en el marco de la Operación Unión cuando investigaba otras tramas de corrupción en Lanzarote.
Aunque en este primer juicio sólo se abordará la licencia de la actividad, la Fiscalía sostiene "que existen indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo o varios , como lo son en este caso , la ausencia de depuradora , de estudio hidrogeológico , la ocupación de más de 12.000 metros cuadrados cuando se autoriza la rehabilitación de una casa de valor etnológico y una bodega subterránea de unos 300 metros cuadrados , la ausencia de requisitos y garantías de no dañar el medio ambiente con la fosa séptica , etc..".
El escrito de la defensa de Rosa mantiene que "la legislación sobre el planeamiento permitía la construcción de la bodega de acuerdo con el art. 11. 1 de la Ley 5/1987, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico en la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el art. 9.1 del mismo Texto Legal. Asimismo, parece indiscutible que el art. 9. 2 de la mentada norma no dejaría dudas sobre la legalidad de la construcción de la bodega en la parcela 1006 (finca registral 3630). Todo ello se encuentra perfectamente recogido en los procedimientos para la concesión de licencia de construcción de las instalaciones realizados ante el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza", afirma.
El juicio se centrará sobre toda la normativa aplicable para la construcción de la bodega en La Geria. Entre los testigos figurarán técnicos del Plan Insular del Territorio de Canarias, de la Agencia de Protección del Medio del Gobierno de Canarias y agentes del Seprona de la Guardia Civil.
La Fiscalía afirma que "ante la flagrante vulneración de todas las normas urbanísticas posibles, ese complejo lucrativo-industrial sencillamente no puede existir en dicho espacio, y es absolutamente ilegal e ilegalizable".
Tráfico de influencias, cuestión previa
- La defensa del empresario Juan Francisco Rosa, arrancará el juicio tratando de demostrar que el delito de tráfico de influencias que se le imputa por una conversación telefónica con el entonces edil de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez para tratar presuntamente de agilizar la concesión de la licencia está prescrito. De hecho, Rosa trató, sin éxito, a principios de este mes que el TSJC archivara esa acusación. Aunque Rosa niega el delito de tráfico de influencia al entender que de esa conversación con Rodríguez no se desprende "ni el más mínimo comentario acerca de que le ayudara a conseguir esa licencia, ni de influir ni en su decisión ni en la de los demás miembros de la Junta de Gobierno", su defensa insiste que en todo caso ese delito habría prescrito a los tres años de producirse la llamada, es decir, en diciembre de 2011.
