No queda nada de sus casas. Llevan 26 meses viviendo de alquiler o de prestado en otros lugares del municipio o fuera de él, pero así y todo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha apercibido a las diez familias de la calle Pancho Guerra que se quedaron sin hogar el 23 de febrero de 2006, de que van a ser embargados por no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2007 de unas casas que no existen.

El colectivo de afectados de Pancho Guerra denunció ayer esta situación que consideran "sorprendente", sobre todo después de que el anterior gobierno municipal del PP, y el actual del PSC-PSOE, les prometieran que quedarían exentos. Según los vecinos, a los pocos meses de sufrir el derrumbe que sepultó sus casas y causó la muerte a un matrimonio y su hijo, estos afectados se reunieron con el entonces concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber quien les aseguró que no tendrían que pagar el IBI de 2006. Sin embargo, a finales de ese año les llegó a las diez familias que ya no tenían casa el correspondiente recibo de la contribución que optaron por pagar (500 euros por vivienda) al prometerles desde el Ayuntamiento que se les reintegraría en poco tiempo.

Ese dinero no sólo no se reintegró nunca sino que hace cinco meses volvió a llegarles el recibo del IBI de 2007, ya con el PSC en el gobierno local. Esta vez, todas las familias se han negado a pagar tras prometerles hace unos meses Teresa Morales, primera teniente de alcalde, que quedarían exentos este año.

Esa es la razón por la que hace pocas semanas el Ayuntamiento les ha advertido que se cobrará el IBI, con un recargo de 50 euros, por la vía ejecutiva, es decir, por embargo.