Los bancos de la calle mayor de Triana se llenan todas las mañanas de decenas de personas mayores que pasan las horas hablando y viendo a la gente pasar. "Charlamos de fútbol y de las traiciones de las mujeres", ríen Salvador González, Domingo Marrero y Antonio Santana, sentados en uno de los bancos. "Poco más podemos hacer. Aquí no hay nada para nosotros", lamentan.

En Las Palmas de Gran Canaria hay actualmente 52.157 personas de más de 65 años, que representan casi un 14 % de la población. Unos ciudadanos que cuentan con escasas alternativas de ocio y formación. En todo el municipio hay sólo tres centro de día públicos para mayores, ubicados en La Isleta, Ciudad Alta y Marzagán, que cuentan con unas 3.800 plazas en total.

El distrito de Vegueta-Tafira-Cono Sur, por ejemplo, carece de un centro de estas características, por lo que a los ancianos lo único que les queda es pasear o sentarse a ver pasar las horas. "Hace diez años quitaron las mesas de dominó, cartas y ajedrez que había en el parque San Telmo", denuncia Juan, de 73 años, que baja todos los días a Triana desde Las Rehoyas. "Queremos que por lo menos nos pongan una carpa con unas mesas. Eso no cuesta nada y nos dan algo que hacer".

Más suerte tienen los vecinos de La Isleta, que disfrutan de uno de los mejores centros de este tipo del Archipiélago, como reconoció el año pasado durante su visita la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas. Allí disfrutan de todo tipo de actividades, desde informática a taichí, teatro, bailes canarios o gimnasia. La mayoría de estas actividades tienen una larga lista de espera.

Los especialistas señalan que es esencial para las personas mayores realizar algún tipo de ocupación que las mantenga activas. La preocupación ahora de los trabajadores de los centros es el recorte de un 2,5 % que va a sufrir Asuntos Sociales en los presupuestos del próximo año, tal como anunció el Gobierno de Canarias la semana pasada.

"Es muy importante que exista este tipo de centros en las Islas. Invirtiendo en ellos las administraciones públicas se ahorran a la larga el dinero que tendrían que destinar a la asistencia sanitaria de estos ancianos", señala el trabajador social.