El general de división jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez, prestó ayer declaración por un presunto delito contra la Administración de Justicia en el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital grancanaria. Martínez defendió la legalidad de la carta que le mandó a la jefa superior del Cuerpo Nacional de Policía, Concepción de Vega, después de que el jefe de Homicidios, Eduardo Belda, detuviera en junio a la mujer de un general del Ejército por conducir dos kilómetros en sentido contrario.
El general sostuvo ante el magistrado que la misiva era una comunicación "normal" y habitual en las relaciones entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado, además de una carta de carácter "personal" que no tiene registro de entrada y salida. Martínez reprochaba en ese escrito la actuación policial y pedía que se tomaran medidas disciplinarias contra los agentes que participaron en la detención.
El máximo responsable de la Guardia Civil en Canarias fue asistido en su declaración por Eligio Hernández, abogado y ex fiscal General del Estado. El letrado explicó tras la comparecencia que solicitará hoy el archivo de la denuncia, entre otros motivos porque "llevo 45 años de ejercicio judicial y no sé cuál es el delito concreto que se le imputa a mi cliente", subrayó Hernández.
El ex fiscal considera que la carta está amparada en el artículo 11 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se recoge que los responsables policiales deben comunicar sus actuaciones cuando afectan a las competencias de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
En ese sentido, Hernández viene sosteniendo que la Policía Nacional invadió una competencia "inequívoca" de la Guardia Civil al arrestar a la mujer del mando militar en una vía interurbana.
La polémica detención provocó un agrio enfrentamiento entre los dos cuerpos policiales. De hecho, la mujer arrestada, Esther Vaquero Martín, a pesar de aceptar una sentencia de conformidad por conducir en sentido contrario, presentó una querella contra el inspector de Homicidios por detención ilegal. Belda tuvo que dar un volantazo para no chocar de frente con la esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso.
Querella
La querella cayó en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital grancanaria, pero el juez Tomás Martín la archivó y pidió, en un auto fechado el 7 de octubre, que se dedujera testimonio de las actuaciones para que el órgano competente "concrete si existen o no indicios racionales de criminalidad por la carta remitida el 2 de julio de 2010".
"Por la lectura de la misma este instructor considera que contiene afirmaciones que pudieran revelar la comisión de un delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia", razonaba Tomás Martín en su resolución. Esa denuncia, por las normas de reparto, le tocó al Juzgado de Instrucción nº 1, cuyo titular, Alberto Puebla, le ha tomado ahora declaración al general Martínez.
El arresto de la mujer del general se produjo sobre la 16.00 horas del 25 de junio. El juez instructor de la querella determinó entonces que la actuación de los agentes intervinientes se "ajustó a la legalidad", porque "evitaron la impunidad" de un delito. En su auto también recordaba que el arresto de los presuntos responsables de un hecho delictivo no es sólo una facultad, sino un "deber institucional exigible a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
