La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias para investigar la presunta sustracción de dos bebés en sendas clínicas de la capital grancanaria durante el franquismo y la primera etapa de la democracia, según han confirmado fuentes oficiales del ministerio público.
El expediente incoado por la Fiscalía de Las Palmas responde a la denuncia remitida recientemente por la Fiscalía General del Estado, que ha enviado un dossier con información de las supuestas sustracciones a las fiscalías de las provincias donde se han registrado los casos.
La denuncia matriz fue presentada en Madrid a finales de enero por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). En ella se alude a 261 desapariciones de niños por casi todo el territorio español, entre ellas la grancanaria Lourdes Barreiros Acosta, que denunció su caso en las páginas de LA PROVINCIA / DLP antes de presentarse en Madrid junto a un centenar de afectados y los responsables del colectivo.
Barreiro Acosta, de 50 años y nacida en la clínica Santa Catalina, trata de averiguar quién es su madre biológica tras conocer que fue adoptada de forma irregular en 1960. Su caso es distinto a la otra desaparición investigada por la Fiscalía de Las Palmas. Aquí la madre es más joven y sospecha que su bebé no murió cuando le dijeron porque las fechas no coinciden.
Posibles delitos
Las diligencias abiertas obedecen a un delito de suposición de parto y otro de falsedad en documento público, aunque se trata de una calificación jurídica muy provisional, similar a las afectadas por otras fiscalías provinciales. En Tenerife se han denunciado seis casos muy parecidos a los de Las Palmas.
Las fuentes consultadas aseguran que los hechos son bastante complejos de investigar, pues sucedieron hace muchos años y es probable que estén prescritos. Tampoco existen indicios de que los supuestos de la capital grancanaria estén relacionados, entre otras razones porque sucedieron en clínicas diferentes y en años distantes. Anadir habla de una "trama" de robo y venta de niños.
Sin embargo, pese a las dificultades de la investigación, la Fiscalía ha acordado la práctica de diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido durante la dictadura franquista.
