El fiscal pide que se anule el archivo del ´Canódromo´

El Ministerio público apunta que debe declarar el actual alcalde y exconcejal de Urbanismo

BORJA VALCARCE La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un recurso de reforma contra el auto que acuerda el sobreseimiento del caso Canódromo y pide al juez que anule dicho archivo y dicte un nuevo auto para motivar por qué dio carpetazo a las actuaciones en lo relativo a la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. En un extenso escrito de 45 folios, el fiscal sostiene que "la conducta delictiva de la presunta prevaricación administrativa y/o malversación quedaría ceñida a la firma del convenio urbanístico de planeamiento" sobre el Canódromo realizada en mayo de 2000 por el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, con la entidad Inprocansa y a la rúbrica del convenio definitivo, dos años después. Además, recuerda que el Ministerio Público ya solicitó la investigación de esa fase del proceso, así como la declaración como imputados de las personas señaladas por los denunciantes del caso, y que el tiempo es limitado, dado que los presuntos delitos prescribirían el 22 de marzo próximo.

En un recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado hace poco más de una semana, la delegación de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que anule el archivo de las diligencias previas que dictó el pasado mes de diciembre por dos cuestiones. En primer lugar, el fiscal entiende que no se motivó adecuadamente el archivo de las actuaciones por prevaricación contra la exalcaldesa Pepa Luzardo y su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso, en la aprobación del Plan Especial 'El Canódromo' y solicita al juez que dicte otro auto en el que sí se argumente el sobreseimiento, con el que se muestra conforme.

A continuación, el escrito se detiene en la segunda rama de la investigación del supuesto pelotazo: la aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento y las permutas en ejecución del convenio.

En este caso, el Ministerio Público se muestra en contra de su archivo al entender que ni se ha motivado, ni se han practicado las diligencias instructoras que solicitaron las partes en su momento, entre las que se encuentra la declaración de Cardona como imputado. Según el recurso, fue él, como concejal delegado de Urbanismo, quien firmó los convenios con Inprocansa y Urbacan para el Canódromo y que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria el 22 de marzo de 2002 con los votos a favor del PP y de CC, la oposición del PSOE y la abstención del Grupo Mixto. Además, el fiscal advierte que en un mes "los delitos -en caso de haberse perpetrado- quedarán prescritos".