El anuncio del director de gobierno de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero, de sancionar con faltas muy graves a aquellos empleados que se salten el horario de trabajo ha sembrado la indignación entre los funcionarios y trabajadores laborales, que acusaron al alto cargo municipal de emprender una "campaña de desprestigio y miedo" contra los trabajadores municipales. Los ocho sindicatos que hay en el Ayuntamiento capitalino coincidieron ayer al defender la profesionalidad de los empleados y en acusar a Rivero de utilizar hechos aislados para desprestigiar a todo el colectivo, por lo que pidieron al alcalde, Juan José Cardona, a través de un comunicado, que "ponga fin a esta campaña de desprestigio y miedo".

"Exigimos", señalaron los representantes sindicales, "una disculpa pública por parte del señor Rivero, ya que unos hechos aislados no pueden suponer incumplimientos sistemáticos de la jornada de trabajo por parte de los empleados del Ayuntamiento", como declaró a este periódico el responsable de Personal. Los sindicatos advirtieron que sus servicios jurídicos están estudiando las citadas declaraciones "por si son susceptibles de querella" y advirtieron que no van a permitir "más amenazas", que han sembrado un "gran malestar" entre los empleados.

José Manuel Rodríguez, delegado de Intersindical y presidente del comité de empresa del personal laboral, calificó de "cruzada" contra los empleados públicos la que ha iniciado Rivero, al que acusó de "querer hacer de la excepción la norma". Según Rodríguez, "hay casos de picaresca y absentismo, pero no llegan al 10%. Son excepciones". Intersindical acusó al gobierno de Cardona de crear un "estado policía-coercitivo" dentro del Ayuntamiento y exigió respeto por los empleados públicos. "Sólo falta que cree una nueva unidad en la policía, los Gihos, que controlen a todo el personal en sus movimientos", dijo.

Por su parte, Ismael Moles, delegado de UGT, consideró que la "estrategia de criminalizar y predisponer a la opinión pública" contra los empleados municipales, "no tiene otro objetivo que desviar la atención del caso Canódromo", que "está resultando una auténtica pesadilla" para el alcalde.

En el mismo sentido se pronunció el CSIF, del que es portavoz Angelines Rozas, presidenta de la Junta de Personal, que acusó al alcalde de practicar el "mobbing popular" con los empleados públicos. El sindicato entiende que las "amenazas" y "coacciones" son la mejor fórmula para desmotivar a los trabajadores.

Reglamento

En este contexto, Claudio Rivero aseguró que no está pensando en "perseguir ni acosar a los funcionarios, sino en aplicar el reglamento hasta sus máximas consecuencias" y se mostró extrañado por el malestar que han generado sus palabras, porque "son las mismas que figuran en el anexo de recomendaciones del vigente reglamento de funcionarios aprobado en 1996 por el Ayuntamiento y los sindicatos".

En ese anexo, citó el director de gobierno, dice: "A la vista del incumplimiento sistemático de algunos funcionarios de su deber de asistencia y puntualidad a las oficinas, se encarece a la corporación que extreme el control del horario legal, sin excepciones personales, que deterioren inevitablemente el celo de los demás funcionarios". "Cuando los sindicatos", se quejó Rivero, "lo suscriben en el reglamento de 1996 no pasa nada, pero cuando yo lo pongo en práctica resulta que es acoso".