La iniciativa de la Demarcación grancanaria del Colegio de Arquitectos de Canarias de separarse de sus colegas del resto de la región es, para el presidente de su homónima tinerfeña, Federico García Barba, un gesto de "insolidaridad". Aunque asegura que no tiene ningún problema en que Gran Canaria se segregue, señala que para hacerlo tiene que cumplirse la legalidad, han de estar de acuerdo los profesionales de la Isla y es necesario saldar la deuda común que se ha contraído en años anteriores. Sin embargo, desde la sede de la capital grancanaria se aclara que ese montante, que deviene de gastos de las cinco demarcaciones, ya se paga y se seguirá abonando "puntualmente", aunque se consume la separación.

El cisma abierto por los arquitectos grancanarios parece no tener vuelta atrás. Mientras ellos han iniciado una consulta entre sus colegiados para convertirse en un Colegio insular con personalidad jurídica propia, para evitar ser responsables subsidiarios de una deuda de tres millones de euros de Tenerife; sus colegas tinerfeños también hablan de irregularidades y cierta opacidad en las cuentas. "Esa Demarcación tiene contraídas pólizas de crédito o préstamos hipotecarios, que toman como aval las propiedades asignadas a los arquitectos grancanarios y que nuestro Colegio regional tiene en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria", señaló Federico García Barba. La deuda común a la que se refiere el presidente de la Demarcación tinerfeña tiene que ver, entre otras cosas, con los ajustes de plantilla, que han afectado a empleados del Colegio a nivel regional, pero esa deuda ya se satisface de manera proporcional por cada demarcación desde 2010.

García Barba, que lleva dos años en el cargo y asegura que se ha encontrado un entuerto que no ha creado, reconoció ayer que existe una deuda de tres millones, pero quiso dejar claro que se está pagando "sin un solo retraso".

Pero aún hay más. El primer intento de lograr la segregación fue la vía estatutaria, que se acordó en una asamblea y luego fue impugnada por el Colegio, al considerar que Gran Canaria había intentado una maniobra "ilegal e injusta" por llevar 400 votos delegados. Estos hechos son, para García Barba, causa suficiente para pedir la dimisión de la junta directiva grancanaria. Los profesionales de esta Isla insisten que los votos delegados son legales en base a un acuerdo adoptado en otra asamblea, pero han abandonado esta opción al encontrar un nuevo camino para la segregación, como es la Ley de Colegios Profesionales, que requiere dos tercios del censo de la demarcación para iniciar el expediente.