"Mi hermana no es una okupa. Nació en esa casa, en la que vive mi familia desde la época de mi abuelo", exclamaba indignada ayer Mercedes Hernández, que denunció el "trato vejatorio" al que fueron sometidos sus familiares después de ser desalojados de la vivienda de la calle Ramón y Cajal, número dos.
Dunia Esther reclama ahora al Ayuntamiento una casa donde vivir con su hijo discapacitado y su pareja. El Ayuntamiento le ha ofrecido a ella, su pareja, a su hijo y al padre de éste, que también vivía en la casa terrera, 800 euros para pagar el alquiler, pero se han negado, al considerar que tienen derecho al menos, a un año de alquiler, prorrogable a otro, como mínimo.
Pero lo que más le ha dolido a Dunia, que está en tratamiento por la ansiedad que le ha provocado el desalojo de la vivienda -que hace unos días cayó derribada bajo la piqueta- ha sido la pérdida de sus animales. Según la denuncia que puso en el Ayuntamiento, en la casa vivían, además de las cuatro personas indicadas, siete perros, dos baifos, ocho gallinas, un conejo, una tortuga y un gato. "Me han dicho que fueron llevados a la perrera; que una perra ha sido adoptada; que otro ha muerto y un baifo también, pese a que los de Salud Pública me aseguraron que iban a estar bien cuidados".
Traslado sin autorización
Lo mismo ocurrió, aseguró Mercedes Hernández, con todos los enseres y documentos que tenía en su casa. "Vinieron del Ayuntamiento y sin su autorización se lo llevaron todo al almacén municipal de La Favorita", aseguró. Según Mercedes, los funcionarios del Ayuntamiento "llegaron a amenazar a mi hermana con llevar a su hijo, que el 17 de noviembre cumplió 18 años, a un centro de menores".
Según la versión de Mercedes, su abuelo ya vivía en la casa desde el año 1923. "Mi abuelo pagaba 33 pesetas de alquiler a un señor que, a partir de una fecha dejó de ir a cobrar. Mi madre estuvo pagando la contribución hasta 1990 a nombre del dueño y mi padre inició un expediente de dominio para hacerse con la propiedad de la casa, pero en medio de la tramitación, falleció y se paralizó todo. Yo tengo 55 años y nací en esa casa y mi hermana Dunia tiene 56 y también vino al mundo en ella", afirmó esta mujer.
Mercedes y su marido expresaron la impotencia de ella y su hermana, porque han intentado denunciar el caso tanto en la Policía Nacional como en el juzgado " y en ninguno de los dos sitios", se quejó, "hemos podido. Después de estar viviendo tanto tiempo en la casa no la pueden echar sin una orden de desahucio del juez. Y encima, le tiran la casa". También denunció la "diferencia de trato" que ha tenido el Ayuntamiento con sus familiares, en comparación con los otros desalojados de la calle Verdi. "Seguro que a ellos no los llevaron a una pensión ni a comer a Gánigo", criticó. El Ayuntamiento informó el pasado 4 de noviembre, a través de una nota, que la vivienda "contaba con licencia para ser demolida desde septiembre pasado".
La nota añadía que serían "sus propietarios" los que se harían cargo de la demolición. Según el Ayuntamiento, estaba en estado de semirruina y ha sido derribada con una sorprendente rapidez, ya que no fue afectada por el incendio. La casa quemada (número ocho) y otros dos inmuebles han sido también demolidos.
