¿Qué consecuencias tendrá para los abogados del turno de oficio de Las Palmas la anulación de los baremos de 2010 por el Tribunal Supremo?
La principal consecuencia es que el Gobierno de Canarias deberá revisar de oficio todas las liquidaciones, y volver a emitirlas de conformidad con los criterios del decreto de 2003, que vuelve a la vida jurídica con la desaparición de la norma de 2010.
¿Tendrán los letrados que devolver una parte del dinero cobrado por prestar el servicio de justicia gratuita?
No tiene ningún sentido que un error generado por el Gobierno de Canarias redunde en el propio beneficio de la Administración. Sería contrario a principios tan elementales como la buena fe y la seguridad jurídica, un auténtico enriquecimiento injusto del Gobierno a costa del trabajo de los abogados.
Los abogados que asistieron a la asamblea celebrada el jueves aseguran que la Comunidad Autónoma les va a reclamar ese dinero de forma individual y que la cantidad asciende a 1,6 millones. ¿Es cierto?
En la asamblea informativa no se dieron cantidades y se planteó que tal posibilidad es legalmente factible. Sería un sinsentido, pero si llegado el caso el Gobierno de Canarias optara por reclamar, el Colegio de Abogados defenderá a los abogados con todos los medios y hasta sus últimas consecuencias.
Pero el Colegio de Tenerife exige a la administración dos millones de euros... ¿Por qué?
El Colegio de Abogados de Las Palmas entiende que el asunto tiene la suficiente complejidad, como para que previamente a emprender cualquier acción, se midan las exactas consecuencias que la misma pudiera ocasionar a los diferentes miembros de nuestro colectivo. La posibilidad de reclamar al Gobierno de Canarias el saldo positivo a favor de nuestra institución -que es lo que han hecho en Tenerife-, es algo que debe ponderarse en su justa medida, valorando posibles saldos negativos.
Los letrados también cuestionan que La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y Las Palmas aceptaran pacíficamente la rebaja de honorarios rechazados por Tenerife. ¿Por qué esa diferencia y qué pasa con ese convenio?
En el caso de nuestro Colegio, negociamos con la Administración hasta donde pudimos, tras lo cual, el Gobierno de Canarias aprobó los honorarios que consideró oportunos mediante la orden que ahora anula el Tribunal Supremo, por cuestiones formales y no de fondo. El Colegio de Abogados de Las Palmas exigirá al Ejecutivo la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido con los compañeros del turno, apoyándolos en cuantas reclamaciones individuales o colectivas decidamos finalmente interponer.
¿Qué baremo se aplica ahora para abonar el servicio?
Tras la orden de 2010 anulada por el Tribunal Supremo, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto de 2012, que está en vigor desde enero de 2013.
La queja de que está mal remunerado es unánime. ¿Van a negociar con la Administración para mejorar las condiciones en esta legislatura que empieza?
Totalmente de acuerdo. El servicio que prestan los compañeros del turno de oficio está muy mal pagado. Es una de las principales quejas de nuestro colectivo, y desde que el Gobierno de Canarias termine de designar los cargos políticos, retomaremos las negociaciones con la Viceconsejería de Justicia.
